El Pi reclama al Govern que equipare los honorarios de los mediadores familiares con el resto de profesionales estatales

En el marco del Día Europeo de la Mediación que se celebra hoy, el grupo parlamentario de El Pi-PROPUESTA POR LAS ILLES BALEARS ha registrado una proposición no de ley para reclamar que se adopten una serie de medidas en este ámbito profesional.

Así, la iniciativa insta al Gobierno de las Islas Baleares a dignificar y reconocer la profesionalidad de los mediadores que participan en el Servicio de Mediación Familiar de las Islas Baleares, dependiendo de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, mediante la equiparación de sus honorarios con los del resto de mediadores estatales.

La diputada, Lina Pons, ha explicado que los mediadores de Baleares sufren un agravio comparativo con la de sus compañeros a nivel estatal. "En nuestra comunidad los mediadores cobran 35 € por sesión, mientras que por ejemplo, en la Comunidad de Madrid reciben por sesión y por parto, sin convenio, la cantidad de 96,80 € de la primera a la tercera sesión y de 108 ,90 € a partir de la cuarta sesión y hasta el final”.

La PNL también reclama al Govern que se subvencionen la totalidad de las sesiones de mediación llevadas a cabo por el Servicio de Mediación Familiar. "Sólo se subvenciona un total de 8 sesiones, que en la mayoría de los casos no son suficientes para cerrar el proceso de mediación. Esto, provoca que las personas que han solicitado la mediación tengan que acabar pagando de su bolsillo el resto de sesiones hasta el final, vulnerando el principio de gratuidad que ampara este derecho establecido por ley", ha criticado Pons.

Sin embargo, Pons ha explicado que en países como Francia tienen implantada desde 2017 la mediación obligatoria como paso previo al inicio de los trámites judiciales en asuntos de familia. "En España, si queremos impulsar la figura de la mediación y dotarla del protagonismo que ahora no tiene, deberíamos reformar previamente la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso, en la PNL instamos al Gobierno del Estado a realizar los cambios normativos que sean necesarios para implementar un servicio de mediación obligatorio, previo al inicio de los trámites judiciales en asuntos de familia."