Actualizado el 04/12/2021 09:23 Compartir
El preámbulo de este Decreto hace un énfasis especial en el concepto de gobierno abierto, incluido en el artículo 64 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Govern de las Islas Baleares, en que se indica que el Govern y sus miembros tienen que «garantizar la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana en los asuntos públicos». Para cumplir estos objetivos, se tiene que informar de manera clara y comprensible de los servicios, planes, programas y actividades que desarrollen; publicar información de interés público; implantar mecanismos y espacios para escuchar la ciudadanía, aprovechando sobre todo las nuevas tecnologías; facilitar la rendición de cuentas, y garantizar la apertura y la publicación de estadísticas y datos públicos para los ciudadanos y entidades públicas y privadas, en formatos reutilizables y accesibles telemáticamente.
El término gobierno abierto se refiere, por lo tanto, a cuestiones muy diversas y que afectan de forma transversal todos los órganos del Govern de las Islas Baleares, así como los entes del sector público que tiene adscritos, puesto que cada uno se tiene que comprometer a avanzar en las políticas públicas relacionadas con este concepto.
Por todo esto, resulta muy conveniente constituir una comisión interdepartamental que incluya a los principales implicados, para facilitar el impulso estratégico, la gestión coordinada y la complementariedad de los recursos y de las acciones, la aplicación coordinada de los criterios corporativos y el cumplimiento de los objetivos marcados. Con este instrumento se podrá avanzar en los objetivos de publicidad activa y de apertura de datos, en la mejor gestión de las solicitudes de acceso, en las acciones participativas y en la evaluación de políticas públicas y la rendición de cuentas. Igualmente, para disponer de un espacio de coordinación, colaboración y consulta técnicas, se crean y se regulan las comisiones técnicas en materia de transparencia y de datos abiertos.
El Decreto contiene quince artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Se trata de una normativa de carácter organizativo, que impulsa la Dirección general de Participación, Transparencia y Voluntariado, adscrita en la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, órgano competente en materia de gobierno abierto.
Se crea la Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto como órgano colegiado para el impulso, la coordinación y la complementariedad de las acciones, de los recursos y de las actividades que, en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas en materia de transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, rendición de cuentas y otras actuaciones de gobierno abierto, lleven a cabo la Administración de la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares y el sector público instrumental que depende. Esta Comisión se adscribe a la Dirección general de Participación, Transparencia y Voluntariado.
También se crean la Comisión Técnica de Transparencia y la Comisión Técnica de Datos Abiertos, con el objetivo de servir de espacio de coordinación, colaboración y consulta técnicas en materia de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, y en materia de datos abiertos, respectivamente. La primera se adscribe a la Dirección general de Participación, Transparencia y Voluntariado, y la segunda, a la Dirección general de Modernización y Administración Digital.
Según el Decreto, la Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto tiene que ser servir de marco para debatir, impulsar y coordinar las estrategias, las medidas y las actuaciones que se lleven a cabo en materia de transparencia, de participación, de datos abiertos y del resto de materias conectadas con el gobierno abierto, hacer el seguimiento y formular propuestas y recomendaciones para mejorar estas políticas.
También se especifica cuál tiene que ser la composición de la Comisión: la presidencia lo ocupa la persona titular de la Dirección general de Participación, Transparencia y Voluntariado; la vicepresidencia corresponde a la Dirección general de Modernización y Administración Digital; y entre los vocales hay representantes de la Dirección general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad; de la dirección general competente en materia de archivos y gestión documental; los secretarios generales de cada consejería, así como representantes del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SALUD), de Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB) y de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB).
El funcionamiento de la Comisión Interdepartamental se atenderá con los recursos humanos y materiales de la consejería a la cual está adscrita y, si procede, de las otras consejerías los miembros de las cuales integren la Comisión. La creación y el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental y de las comisiones técnicas no supone ningún incremento del gasto público, por lo cual no requieren ninguna dotación presupuestaria.
Para poder hacer un seguimiento adecuado de los adelantos en las diferentes estrategias y políticas de gobierno abierto, las diferentes áreas competentes tienen que presentar en la Comisión Interdepartamental, dentro del primer cuatrimestre de cada año, un informe respecto de los datos del año inmediatamente anterior referidas a publicidad activa, derecho de acceso, datos abiertos y participación.
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