Ferrà (MÉS): 'El estado español discrimina no exigiendo el conocimiento del catalán a sus trabajadores dentro de las Islas Baleares'

La administración general del estado español incumple sistemáticamente las sentencias judiciales y sus propios estatutos cuando obvia el conocimiento de la lengua catalana de sus trabajadores como una condición necesaria para garantizar los derechos de los catalanohablantes en las Islas Baleares. Así lo ha denunciado hoy el diputado Josep Ferrà quien ha afirmado que "la defensa del derecho a hablar en la lengua propia dentro de nuestro territorio debe ser una prioridad siempre". En este sentido, Ferrà ha defendido una proposición no de ley, que finalmente ha sido aprobada en el Parlamento.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado ecosobiranista ha recordado que la declaración de oficialidad de una lengua deriva, entre otros, el derecho del ciudadano de relacionarse en esta lengua con los poderes públicos, esto implica poder dirigirse en catalán ', oralmente o por escrito, a la Administración como específica la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares. Tanto la Constitución como los compromisos derivados de la firma de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo por parte del estado español en 1992 reafirman este derecho de uso.

Así también, recordó Ferrà, que el Tribunal Constitucional español reconoce este derecho en una sentencia de 1986 dirigida a la misma problemática pero en este caso en el territorio del Principado. Más de 25 años después la misma problemática perdura en Baleares aunque la misma jurisprudencia española reconoce este derecho. Lo que sirve para Cataluña también sirve en Baleares en defensa de la lengua propia que compartimos los dos territorios puntualizó Ferrà.

En este sentido el Estatuto básico del empleado público indica que se debe garantizar la atención al ciudadano "en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio". "En estos momentos" ha recordado Ferrà "la capacitación lingüística para que los ciudadanos puedan ser atendidos en catalán no está ni mucho menos garantizada y este incumplimiento sistemático por parte de la Administración General del Estado deja en situación de indefensión los catalanohablantes dentro nuestro territorio. Ferrà ha terminado recordando que instituciones tan importantes como la Universidad de las Islas Baleares ya han puesto de manifiesto la necesidad de garantizar estos derechos.

La Proposición de no de Ley aprobada, impulsada por el diputado Joan Mas "Collet", reclama garantizar el derecho de opción lingüística, que se cumpla el Estatuto básico del empleado público con relación a su capacitación lingüística, la provisión de plazas con capacitación en lenguas cooficiales y por último a la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de derechos lingüísticos.