El juez Castro devuelve el pasaporte al cuñado de Matas y extesorero del PP tras suspender sus medidas cautelares

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dejado sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre el extesorero del PP balear Fernando Areal, cuñado del expresidente del Govern Jaume Matas, investigado por presuntamente sufragar con unos 70.000 euros en negro parte de la campaña electoral del partido en 2007. De este modo, le ha sido devuelto su pasaporte y ha sido suspendida la obligación de comparecer mensualmente ante el juez y la prohibición de abandonar el país que pesaban sobre él.

Así consta en un auto dictado por el magistrado, quien de este modo atiende a la petición recientemente formulada por el imputado, que solicitó que le fueran suspendidas las anteriores medidas, adoptadas en el marco del caso Palma Arena en marzo de 2010. Areal también está imputado asimismo dentro de la ramificación del caso Gürtel en Baleares en torno a una presunta financiación ilegal del PP de las islas, más conocida como caso Over Marketing.

Según las investigaciones, el extesorero fue la persona que presuntamente sufragó con dinero negro -unos 70.000 euros en tres pagos- parte de la campaña electoral del partido en 2007, organizada por la empresa Nimbus, de acuerdo a las investigaciones y al testimonio arrojado por el director de la agencia, Miquel Romero, si bien en su declaración ante el juez Areal negó haber realizado estos pagos supuestamente irregulares.

Tal y como reconoció Romero, Nimbus cobró del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en concreto en 71.958 euros.

De hecho, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña de 2007, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

De forma paralela y en el caso de la causa relacionada con Over Marketing -que constituye la pieza 27 del caso Palma Arena-, las pesquisas apuntan a que parte del dinero público que recibió Over mediante adjudicaciones presuntamente fraudulentas en la última legislatura de Matas (2003-2007) habría acabado en manos del PP.

Es más, tal y como confesó ante el juez el administrador de Over, Daniel Mercado, en lo que se refiere a la campaña electoral de 2003, éste pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e incluso manifestó que existía el acuerdo con Matas de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en B y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

En este contexto, Mercado explicó cómo Areal era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue el exconseller de Interior y actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez -también imputado- quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. Tal y como aseveró, el grueso de los pagos en negro los realizó el extesorero del PP, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, al que supuso que Matas "ya le había dado instrucciones".

AREAL PAGÓ 100.000 EUROS POR EL PISO DE MADRID ATRIBUIDO A MATAS

Asimismo, en la declaración previa a que el magistrado le impusiera medidas cautelares, Areal manifestó que pagó 100.000 euros por la opción de compra de un piso de lujo situado en el barrio de Salamanca de Madrid, cuya propiedad los investigadores atribuyen a Matas, a través del exconseller y presunto testaferro Bartomeu Reus, a pesar de que el expresidente defiende que pertenece a éste y que como tal es quien figura como propietario de la vivienda en las escrituras.

Del mismo modo, aseveró que pagó 32.000 euros por las obras de reforma del inmueble que Matas posee en el casco antiguo de Palma, conocido como palacete. El dinero, dijo, lo entregó al constructor Juan Serra, que se había encargado además de la reforma de la sede del PP. Las investigaciones apuntan a que esta cantidad fue aportada en negro u opaca al fisco. Sin embargo, el constructor explicó que recibió hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal.