El PSIB-PSOE lamenta que la ley agraria del Govern se preocupa por el turismo pero no por mejorar la producción agraria ni la adaptación al cambio climático

El Grupo Socialista ha rechazado el planteamiento que el Gobierno hace al texto de la ley agraria que ha planteado en su proposición de ley, porque no pone el peso de la normativa al mejorar las condiciones de la actividad agraria, sino al ver cómo se puede sacar mayor rendimiento desde un punto de vista turístico y de actividades más terciarias que primarias. El diputado Marc Pons y la diputada Malena Riudavets han criticado que "en todo el texto no hay ninguna estrategia, ninguna política ni ninguna propuesta que encamine a las explotaciones agrarias de las Islas hacia incrementar su producción, mejorar la calidad del producto, adaptarse a un cambio climático que está produciendo sequías y lluvias torrenciales" o mejorar las condiciones. En cambio, el texto presentado por el Govern sí busca "la justificación para seguir construyendo nuevas viviendas en suelo rústico sin límites de edificación, o el blindaje de plazas turísticas", que están definidas "con todo grado de detalle".

El PSIB-PSOE considera necesaria la actualización de la ley, tal y como ha podido constatar con las diversas reuniones que ha mantenido con el sector, pero debe ser una ley que defina y regule la actividad agraria. En cambio, los socialistas denuncian que el texto del Govern no aprueba "un proyecto de ley agraria, sino una ley urbanística, turística y comercial en suelo agrario" que se olvida de "la rentabilidad de las explotaciones agrarias por la vía del incremento de la producción y la calidad de los alimentos". Ni tampoco hace mención de cómo adaptar las explotaciones al cambio climático. En cambio, genera "derechos impropios del suelo rústico".

Más allá, y haciendo un recuento de los conceptos que desarrolla la proposición de ley, el texto del PP repite hasta 31 veces el concepto “vivienda”, 44 veces el concepto de “actividades complementarias”, mientras que argumentos de “soberanía alimentaria”, “adaptación al cambio climático o “incremento de producción” no salen ni una sola vez;

Pons y Riudavets también han reivindicado el valor y la importancia de que campesinos y campesinas pueda "vivir dignamente de su trabajo", asegurando "tierra, agua y personas para producir alimentos en el futuro", tres aspectos que no quedan recogidos en ninguna parte. Y una de las reclamaciones que los socialistas plantearán al texto es que la ley tenga "una dirección clara para el futuro del sector", con un modelo agrario que defina cómo ayudar a producir más alimentos, a mejorar su calidad ya hacer rentable lo que se siembra, se cría y se elabora en las Islas.

Ante la ampliación de usos (turísticos) que plantea el PP, los socialistas se han mostrado muy críticos con la progresiva sustitución de la protección de la tierra productiva por la construcción en suelo rústico, que condicionará y limitará cada vez más la libertad de los campesinos para decidir su futuro. En este sentido, Pons y Riudavets reclaman "más protección para la tierra agraria, frente a los nuevos usos residenciales ajenos a las necesidades del campo".

Y la última cuestión fundamental que el PP obvia es el compromiso con la adaptación al cambio climático, un compromiso que debe quedar "garantizado por ley". En este sentido, los socialistas advierten que "adaptarse es también una cuestión de rentabilidad", por lo que son necesarios "instrumentos de gestión, con directrices de adaptación, programación y seguimiento para la agricultura y la ganadería", de la misma forma que ya exige la ley con la gestión de los bosques.