El presidente Galmés, Prohens y los consells reclaman a la ministra de Infancia retirar el último decreto sobre reparto de menores y declarar la contingencia migratoria en las Illes Balears

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido a la reunión encabezada por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, este jueves en el Consulat de Mar con la ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego, y los presidentes de los consells insulars de Menorca, Adolfo Vilafranca; de Eivissa, Vicent Marí, y de Formentera, Óscar Portas, para abordar la situación del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las Islas.

El presidente Galmés ha destacado que la llegada de inmigrantes irregulares sigue aumentando en Mallorca, mientras baja en el conjunto del país. En esta línea, Galmés ha explicado a la ministra que en 2025 llegaron a la isla 281 menores migrantes no acompañados, cifra que supone un 680% más que en 2020. Este incremento ha provocado que el sistema de protección de menores esté «al límite del colapso y que tenga una sobreocupación del 1.000%». Por este motivo, el presidente Galmés ha reiterado que «Mallorca no puede acoger menores migrantes provenientes de otras comunidades autónomas» y «ha reclamado más recursos al Gobierno central para hacer frente a la crisis migratoria y la activación de Frontex en el litoral para frenar la llegada de pateras y combatir a las mafias».

Durante el encuentro, la presidenta ha trasladado a la ministra la «situación límite» que vive actualmente el sistema de protección de menores en las Illes Balears, en un contexto marcado por la presión migratoria de los últimos años. En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años han llegado más de 20.000 personas migrantes en patera a las Islas, 7.000 de ellas sólo el 2025 y 1.400 este año, hecho que supone un incremento del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Actualmente, las Illes Balears acogen a 733 menores migrantes no acompañados, que representa cerca de dos tercios del total de menores tutelados en las Islas. Son 327 menores por encima de la capacidad ordinaria de acogida asignada por el Estado; se supera, por tanto, en más de un 80% esta capacidad y se alcanzan niveles de sobreocupación del 1.000% en las plazas específicas para menores migrantes.

Prohens ha insistido en que «no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad», ha subrayado que el sistema «hace tiempo que está desbordado» y que ya no es posible garantizar una atención en condiciones de dignidad. Además, ha destacado que la falta de recursos no es sólo económica, sino también de infraestructuras y de profesionales disponibles.

Ante esta situación, el Govern y los consells insulars han trasladado a la ministra tres peticiones concretas. En primer lugar, la retirada del último decreto estatal que amplía la capacidad ordinaria de acogida en Balearas de 406 a 434 plazas, hecho que elevaría el umbral previo a la declaración de contingencia migratoria.

En segundo lugar, han solicitado la declaración de la contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores hacia las Islas.

Y, en tercer lugar, han reclamado más apoyo económico por parte del Gobierno de España para atender los menores actualmente acogidos.

La presidenta también ha recordado que, según la Fiscalía de Menores de Balears, la atención a los menores migrantes no encaja plenamente en el sistema ordinario de protección, ya que se trata de una realidad vinculada a la política migratoria, competencia exclusiva del Estado.

Con respecto a la financiación, Prohens ha señalado que los 7,8 millones de euros transferidos por el Gobierno de España resultan «claramente insuficientes» para hacer frente a la situación actual. Como ejemplo, ha indicado que sólo el Consell de Formentera recibió el año pasado 4 millones de euros adicionales del Gobierno para garantizar la viabilidad de sus servicios sociales delante de la presión asistencial.

Durante la reunión, la ministra ha defendido el modelo actual de reparto de menores entre comunidades autónomas, si bien desde el Govern y los consells se ha solicitado que se revise, ya que consideran que «no tiene en cuenta la capacidad real de acogida ni las condiciones en que se atienden los menores».

Ley de protección de la infancia

Además, la presidenta ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia, con el objetivo de ampliar los delitos recogidos en el artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete contra menores, de manera que se pueda excluir a las personas condenadas por estos hechos del acceso a profesiones que implican contacto con menores.

Por eso, el Parlament de les Illes Balears, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, impulsa una reforma de este artículo para la tramitación en el Congreso de los Diputados.

Prohens ha explicado que en las Illes Balearas, a raíz de un caso concreto, se ha detectado una laguna en esta normativa que, actualmente, no impide ejercer la docencia a personas condenadas por acoso a menores si no existe una inhabilitación expresa en la sentencia judicial. Una situación que, según ha señalado, «deja atado de pies y manos el Govern» en la voluntad de garantizar la protección y la seguridad de los menores, así como la tranquilidad de las familias.

En este sentido, ha recordado que el consejero de Educación ya trasladó esta problemática al anterior Ministerio de Educación, sin que se haya producido hasta ahora una modificación legislativa.

El Gobierno utilizará «todas las vías legales disponibles»

Finalmente, Prohens ha asegurado que tanto el Govern como los consells insulars seguirán utilizando «todas las vías legales disponibles» para defender los intereses de los menores y del conjunto de la ciudadanía de las Illes Balears, a la vez que ha apelado el Gobierno de España a «reconsiderar sus políticas y adoptar soluciones ajustadas a la realidad que viven las Islas».