GOB: 'El parlament prohíbe la construcción de nuevos proyectos y la legalización en zonas inundables pero sigue permitiendo la aministía de casas'

La negociación de PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca con el PP prohíbe la construcción de nuevos proyectos y la legalización en zonas inundables pero sigue permitiendo la aministía de casas y usos ilegales en rústico sin tener que cumplir los mínimos parámetros que marca la ordenación territorial.

Los decretos del Gobierno, que hoy tendrán luz verde en el Parlament en base a los nuevos acuerdos parlamentarios, salvan la construcción y legalización en inundables pero siguen posibilitando que sí se puedan seguir construyendo nuevas edificiaciones en otras zonas de riesgo, como de incendio, deslizamiento y erosión.

Recordemos que incorporan la posibilidad de consolidar casas fuera de ordenación o el silencio positivo en procesos relacionados con construcciones ilegales.

Se mantienen y añaden causas de inconstitucionalidad

Desde el GOB se considera que se mantienen y se añaden causas de inconstitucionalidad en los nuevos textos legales y confía en que los grupos de la oposición impulsen iniciativas en este sentido, tanto desde el Gobierno como desde los parlamentos.

Prohibir la construcción en zonas inundables no es suficiente y amnistiar a los propietarios con construcciones ilegales no puede tolerarse.

Además, la disposición que permite legalizar construcciones en rústico es una norma arbitraria, y genera agravios comparativos entre la ciudadanía. A cualquier persona que quiera realizar una construcción en suelo rústico se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar. determinadas volumetrías, o de otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos calificados y pagar las oportunas licencias.

Ahora, se podrán legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los requisitos que rigen para quienes hacen las cosas bien.

Por eso el GOB se reunirá en breve con los partidos de la oposición para insistir en la necesidad de interponer recurso de inconstitucionalidad ante una norma que representa la mayor operación especulativa de la historia política reciente en nuestro parlamento y una involución en materia ambiental y de protección territorial sin precedentes.