El PSIB-PSOE denuncia que el Gobierno del PP vuelve a llevar incivismo y turismo de borrachera a la calle, y pone al sector empresarial en contra

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado duramente las pretensiones del consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno del PP, Jaume Bauzá, de modificar el decreto de Excesos, en contra de los intereses de la ciudadanía e incluso del propio sector turístico, que así lo ha manifestado públicamente.

La diputada del PSIB-PSOE, Pilar Costa, ha afirmado que el decreto de Excesos aprobado en la anterior legislatura empezaba a dar frutos, reconocidos por el propio sector turístico, pero ahora el Gobierno del PP, con la "manía obsesiva de echar todo" lo que hizo el anterior Govern" quiere modificarlo para que vuelva a haber "botelladas" e incivismo en las calles de las zonas turísticas.

Costa también ha expresado al conseller que esta obsesión "le pasará factura", ya que ha sido el propio sector turístico quien se ha manifestado contrario a volver a permitir la venta de alcohol de noche, a rebajar las multas que perseguían prácticas peligrosas como el "balconing", oa suprimir los mínimos en plazas turísticas en albergues.

La diputada Costa también ha pedido a Bauzá qué ha hecho en estos últimos 9 meses que lleva gobernando, y con quien ha dialogado él o su director general de Turismo, para permitir ampliar las plazas turísticas en albergues.

El diputado socialista Llorenç Pou se ha expresado en términos similares, y ha pedido al conseller de Turismo que mantenga el Decreto de Excesos tal y como se aprobó la pasada legislatura, porque es una norma pactada con el sector. Pou afirmó que con la modificación del decreto de excesos, el conseller demostró cuál es su modelo de turismo y de calidad de empleo, y que con las medidas que plantea "deja claro que los trabajadores no están entre las prioridades de 'este Gobierno'.

El diputado Pou también aseguró que Bauzá pasará a ser recordado como "el primer consejero que fomentó el turismo de gatera", y que modificará una medida en que está funcionando. También ha acusado a Bauzá de practicar normas de clientelismo, en alusión a las nuevas regulaciones para albergues. Por último, Llorenç Pou ha advertido al conseller que "les falta mucho trabajo por hacer y lo mejor que pueden hacer es no tocar el decreto de Excesos".

Políticas de urbanismo sólo para amigos

Por su parte, la diputada socialista Mercedes Garrido, ha recriminado a la consellera Vidal que el Gobierno del PP todavía no haya entregado "ni una llave de las viviendas de protección oficial" que se pusieron en marcha en la pasada legislatura. También criticó que el Gobierno de Prohens prefiera suprimir promociones planteadas a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, para ceder los solares a fondo buitre y que los alquileres se suban a más de 1.500 euros. La diputada socialista también ha recordado que en Eivissa se alquilan habitaciones por 1.000 euros al mes, que se han dado casos de trabajadores de hoteles de 5 estrellas que viven en caravanas o que se hayan visto agentes de la propiedad inmobiliaria residiendo en un barco. "Parece más una situación de tercer mundo que de primer mundo", ha sentenciado la socialista.

Garrido ha recordado a la consejera de Vivienda que su obligación es garantizar la función social de la vivienda, pero hasta ahora no ha entregado ni una sola vivienda a trabajadores, a jóvenes oa familias: "La conselleria dice que las políticas de vivienda necesitan tiempo, pero los ciudadanos no tienen tiempo", ha afirmado Garrido, quien ha vuelto a pedir que se declare Baleares como zona residencial tensada.

El diputado socialista Marc Pons también se ha expresado duramente contra las políticas urbanísticas del PP, que favorecen la especulación. En concreto, Pons se ha centrado en la intención del PP de legalizar suelo rústico urbanizado de forma ilegal. "El anuncio no sólo genera una política de tierra quemada, sino que también ha generado una expectativa que llevará a un incremento de los precios del suelo rústico y, como segunda consecuencia, una especulación que desembocará con un traspaso de propiedades de la gente de 'aquí a gente de fuera'.

Marc Pons calificó estas acciones como "política de quemar y consumir territorio a costa de malvender a las Islas", y lo hace todo para generar plusvalías, que todo valga mucho más, aunque suponga ir en contra de la calidad de los residentes.

Por último, la diputada Carol Marquès ha expresado que la legalización de obras ilegales en suelo rústico lleva aparejada otra consecuencia: el exceso de consumo de agua de piscinas ilegales, construidas sin permiso y que muy probablemente se han llenado bebiendo de pozos ilegales.

En este sentido, Marquès afirma que legalizar estas piscinas provocará una degradación de los acuíferos, cuando ni siquiera se conoce en qué estado se encuentran estos acuíferos, y recuerda que una piscina pierde entre 250 litros y 350 litros diarios por evaporación, lo que supone más de 120.000 litros por piscina al año.