Actualizado el 19/04/2024 13:33 Compartir
El PSIB-PSOE ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Palma contra el director general del IBSalud de Marga Prohens, Javier Ureña, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por haber dejado caducar el expediente de reclamación de 2,68 millones de euros por la compra de material sanitario en la empresa Soluciones de Gestión.
"Hoy el Partido Socialista da un paso adelante en la defensa de los intereses de la ciudadanía de Baleares a los que Marga Prohens ha renunciado, y en defensa de la verdad, la honestidad, la transparencia y el buen gobierno", ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela.
La denuncia también va dirigida contra el gerente de la empresa Soluciones de Gestión. Todos los presuntos delitos se habrían producido con el presunto conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, del vicepresidente Toni Costa, y de las consejeras Manuela García y Antònia Estarellas, según consta en la denuncia presentada.
Desde el primer día en que se hizo público el cuestionamiento en la compra de material sanitario, el PSIB-PSOE defendió dos cosas "que la documentación ha demostrado", como es el hecho que el Gobierno anterior reclamó en tiempo y forma, y cómo es el hecho de que el PP mintió desde que se conoció el auto de la Audiencia Nacional. “Desde el 22 de febrero de 2024 el PP decía que el expediente estaba vivo, cuando ningún documento acreditaba lo que decía el PP”:
Así las cosas, el PSIB-PSOE ve un posible y presunto delito de prevaricación en que el director del IBSalut haya construido un nuevo expediente de reclamación, porque mientras inicialmente se establecía un plazo de reclamación de 3 meses, después Ureña los cambió a 8, por lo que la caducidad se produjo en las mismas fechas que aparecen en la investigación de la Audiencia Nacional, presuntamente a petición de la trama.
De hecho, Negueruela ha recordado que Javier Ureña ha construido dos expedientes administrativos, uno de desistimiento y otro de revisión de oficio, los cuales sólo tienen la firma del director general, sin informe técnico o jurídico alguno ni de la Abogacía de la comunidad autónoma ni del IBSalud.
El Partido Socialista también ve indicios claros de tráfico de influencias, porque del auto de la Audiencia Nacional "se deduce que hubo conversaciones, presiones y entendimiento entre la empresa Soluciones de Gestión y personas del Gobierno actual", ha explicado el portavoz socialista.
Por último, la denuncia también contempla un posible delito de malversación de caudales públicos, debido a que, teniéndolo todo a favor para recuperar 2,68 millones de euros de las mascarillas, se deje presuntamente caducar el expediente de reclamación tal y como pedía la trama y se recoge en las escuchas señaladas.
Todo ello son, a criterio de Negueruela, “los delitos más graves que puede cometer un director general o un funcionario público, por lo que Javier Ureña debe ser destituido de forma inmediata y ponerse en manos de la justicia para esclarecer todas las dudas”.
Igualmente, el portavoz socialista ha indicado que "ahora entendemos por qué no quieren saber la verdad en la comisión de investigación del Parlament y porque ni Marga Prohens ni ningún consejero del Govern quieren comparecer en este foro a dar explicaciones".
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