El PP de Balears exige un mínimo de 18 millones de euros para la insularidad

El Partido Popular de Balears, a través de sus diputados nacionales, ha pedido un mínimo de 18 millones de euros adicionales para la indemnización por residencia para los funcionarios del Estado en Balears. El portavoz adjunto del PP en el Congreso José Vicente Marí, acompañado de los diputados y senadores populares en las Cortes Generales, ha anunciado esta mañana el registro de una Proposición no de Ley para modificar las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual de la insularidad, “que no sólo produce una mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios, sino que en los últimos años ha encarecido los precios del mercado inmobiliario”.

El popular ha explicado que “esto también genera dificultades en la cobertura de empleados públicos estatales y una progresiva desertización de los servicios. Prácticamente ninguno de los servicios públicos que presta el Estado en Balears se presta en condiciones de normalidad”.

Marí ha asegurado que “la correcta actualización de este concepto retributivo no supone ningún descalabro para las arcas del Estado” y ha detallado que “en 2019 el personal al servicio del sector público en nuestra Comunidad ascendía a 9.473 efectivos y la indemnización a 8.481.272,06 euros, lo que supone una media de 74,61 euros mensuales. De apro- barse esta PNL, pasarían a ser 232 euros mensuales”.

“Han pasado diecisiete años desde el último estudio y actualización de esta indemnización por residencia, por lo que ha quedado totalmente desfasado, motivo que se añade para proceder a un nuevo estudio de actualización que adecúe las cuantías de dicha indemnización a la realidad de nuestras islas”, ha añadido.

Seguidamente, el PP ha cuestionado la actitud “despótica y soberbia” de Francina Armengol estos meses, algo que “no supone una novedad porque es la misma que de presidenta au- tonómica. Contrasta la tranquilidad del Senado con los líos del Congreso”. En este sentido, Marí la ha calificado de ‘ministra no 23’ y brazo ejecutor del sanchismo, ya que no actúa en representación de la Cámara y sus miembros sino en el exclusivo interés y beneficio de Pe- dro Sánchez. Además, por primera vez en la historia no se han aplaudido sus dos discursos institucionales porque se trataban más de dos mítines”.

“Solo seis meses en el Congreso y un numeroso cúmulo de irregularidades, cacicadas y despropósitos: ha incumplido la legislación al aplicar la reforma del reglamento para el uso de lenguas cooficiales antes de haberse votado, ha incumplido los requisitos del reglamento del Congreso al dar grupo propio a ERC y también se ha inventado un voto nulo, cuando reglamentariamente sólo se puede votar sí, no o abstención. Ha vulnerado la ley de contra- tación pública al fragmentar los contratos en la compra de pinganillos y el uso de traductores. Además, no garantiza ni el uso de las lenguas ni las votaciones telemáticas, creando un auténtico caos”. Y a ello hay que añadir la nula arbitrariedad a la hora de fijar fecha de inves- tidura: “a Feijóo le dio 24 horas y a Sánchez más de 40 días”.

El portavoz ha asegurado que “en estas dos últimas semanas el acatamiento a Sánchez se ha hecho todavía más evidente, retrasando a conveniencia la votación de los decretos e ignorando los demoledores informes de los letrados en contra de la ley de amnistía, pese a haber nombrado un nuevo secretario general del Congreso afín para calificarla sin problemas”.