Actualizado el 16/01/2024 19:27 Compartir
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha hecho una valoración muy positiva de la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación del catalán como requisito para acceder a la sanidad pública, por ser un paso adelante importante en la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y por una sanidad pública de calidad.
Negueruela ha recordado que la normativa del PP "es un decreto ley que no hace más que atacar la lengua propia de estas Islas", por lo que ha celebrado la admisión a trámite del recurso y "ahora veremos que dice el Tribunal Constitucional ”.
Precisamente, esta admisión a trámite se produce en el mismo día que el Congreso incorpora el catalán y el resto de las lenguas cooficiales también a las comisiones, por lo que "hoy la defensa de la lengua propia tiene una especial relevancia".
En cualquier caso, Negueruela ha recordado que este recurso es fruto del trabajo conjunto entre el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y SUMAR, con Més per Mallorca integrado, y gracias a la labor de la Obra Cultural Balear, “quien nos pidió interponer -lo y quien ha hecho un trabajo magnífico para poderlo presentar en tiempo y forma”, ha explicado el socialista.
A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie de forma definitiva, el recurso considera que el Decreto Ley del Gobierno Prohens vulnera el principio de igualdad, consagrado a la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía. Atenta, asimismo, contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente, al sacrificarse el derecho de los ciudadanos a utilizar, en condiciones de igualdad y con normalidad, la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.
Además, según contempla el recurso, el Decreto Ley del Gobierno vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación al mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 CE, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado y contrario a los mandatos de normalización.
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