El PSIB-PSOE rechaza 'la ley del mal gobierno' que cierra la oficina anticorrupción

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de la ley que pretende cerrar la oficina anticorrupción porque es “la ley del mal gobierno y porque supone retrocesos en calidad democrática, en transparencia y en buen gobierno, en tanto que no sólo se suprime la oficina de lucha contra la corrupción sino que además se restringe a los ciudadanos el acceso a la información en el momento en que las declaraciones de bienes dejarán de ser públicas”.

En este sentido, Pons ha denunciado que el Govern “elimina el anonimato de las denuncias que un ciudadano puede presentar, los conflictos de intereses y las incompatibilidades las resolverá el propio Consejo de Gobierno para los miembros de este órgano ya su vez ellos mismos se atribuyen la potestad de resolver los expedientes que ahora mismo están en tramitación, algunos de los cuales les afectan directamente”.

Por ello, el portavoz adjunto ha criticado que “con el actual Govern volvemos a un marco jurídico de 15 años atrás, el cual fue propicio para que el peor Gobierno que hemos tenido, el de la corrupción, campara a sus anchas y provocara consecuencias que todavía hoy estamos pagando”.

De hecho, tal y como ha recordado Pons, la proposición de ley para eliminar la oficina anticorrupción no forma parte del programa electoral del PP ni de los acuerdos con Vox, y además es contraria a la filosofía ya los planteamientos de la directiva europea aprobada hace dos años, así como de la ley estatal que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.

Ante esto, además de la enmienda a la totalidad, el Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado enmiendas parciales de supresión de todos los artículos de la ley del Gobierno, y, a su vez, enmiendas de sustitución “que garanticen un mínimo de calidad democrática”, ha avanzado Pons.

De esta forma, son enmiendas que persiguen “garantizar que todas las declaraciones patrimoniales sean públicas y estén al alcance de los ciudadanos y de los medios de comunicación, y que además puedan ser examinadas en cualquier momento”.

Las enmiendas presentadas por los socialistas también plantean que si existen elementos que suponen algún tipo de incompatibilidad con la legislación vigente, ésta sea remitida a las administraciones que tienen responsabilidad, sea Fiscalía o la Sindicatura de Cuentas.

Además, los socialistas también proponen que los expedientes en tramitación no sean resueltos por parte de la Consejería de Presidencia, tal y como prevé la ley del Gobierno, sino que sean remitidos al Parlamento y custodiados por la Oficialía Mayor, mientras que en el Gobierno de España no cree la oficina de lucha contra la corrupción. Cuando ésta esté creada, los socialistas proponen que estos expedientes en tramitación le sean remitidos en un plazo máximo de 60 días para que puedan continuar.

"No queremos que los expedientes que afectan a miembros del Gobierno sean resueltos por el propio Ejecutivo", teniendo en cuenta que "se está investigando en Campos una posible situación de corrupción que afectaría a miembros del Gobierno ya algunos familiares de miembros del Ejecutivo", ha recordado Pons.

El portavoz adjunto también ha explicado que no puede ser el Consejo de Gobierno quien resuelva las cuestiones de incompatibilidad, porque “a día de hoy la consejera Marta Vidal todavía no ha demostrado ni aportado ninguna documentación que demuestre que ella no administra dos sociedades, una de ellas inmobiliaria, y que, por tanto, es incompatible con su cargo de consejera”. La propuesta socialista, en consecuencia, define que las incompatibilidades sean resueltas por la Comisión de Ética del Gobierno, formada por tres miembros independientes.

Por último, Pons ha reivindicado que "las denuncias deben poder seguir siendo anónimas y el ciudadano debe seguir siendo protegido a la hora de plantear cualquier denuncia que pueda afectar a cualquier miembro del Gobierno, de los consejos insulares o de los diferentes ayuntamientos".