Actualizado el 30/11/2023 06:33 Compartir
El PSIB-PSOE, la Obra Cultural Balear y Sumar MÉS han presentado al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 5/2023 del Gobierno de las Islas Baleares, relativo a la supresión del catalán como requisito para acceder a la sanidad pública.
El recurso ha sido promovido por la OCB y ha podido registrarse gracias a la firma de 50 diputados y diputadas de los grupos parlamentarios socialista y Sumar plurinacional. A la presentación asistieron Antoni Llabrés por parte de la OCB; Cosme Bonet, Iago Negueruela, Milena Herrera y Pepe Mercadal, por parte del PSIB-PSOE y Vicenç Vidal, Lluís Apesteguia y Maria Ramon por parte de sumar MÁS.
Precisamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de las Islas Baleares, Iago Negueruela, ha destacado que "hoy hacemos camino de manera conjunta en la defensa de los intereses y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía de las Islas Baleares, por nosotros fundamentales".
A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, Negueruela ha destacado errores de forma, como es el uso injustificado de un decreto ley por la vía de urgencia para eliminar el catalán como requisito, algo “que no se justifica de ninguna manera, teniendo en cuenta que el requisito ha existido prácticamente siempre”.
Pero sobre todo se ha destacado una cuestión de fondo, como es que "la ciudadanía ve atacados una vez más los derechos lingüísticos sin que la consejera de Salud haya presentado un solo informe ni un solo dato que justifique su decisión". De hecho, el portavoz socialista ha recordado que "las únicas voces autorizadas que se han pronunciado son los colegios profesionales, y ha sido para decir que el requisito del catalán no ha supuesto ningún problema".
Sin embargo, Negueruela ha concluido que “el Gobierno toma esta medida por un motivo ideológico, que obedece a un pacto de PP y Vox que quiere atacar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y los derechos que nos dimos todos y todas hace más de 40 años en democracia”.
Todo ello, a criterio del portavoz socialista, "es la deriva de un PP que ha asumido el discurso del odio de Vox y que atenta contra la propia ciudadanía de las islas".
El recurso, elaborado por los servicios jurídicos de la OCB, considera que el Decreto Ley del Gobierno Prohens vulnera el principio de igualdad, consagrado a la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía . Atenta, asimismo, contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente, al sacrificarse el derecho de los ciudadanos a utilizar, en condiciones de igualdad y con normalidad, la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.
Además, según contempla el recurso, el Decreto Ley del Gobierno vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 CE, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionada, y contrario a los mandatos de normalización.
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