El PSIB-PSOE ve peligrar el acceso a una vivienda digna

El PSIB-PSOE lamenta la decisión del Gobierno de recurrir al Constitucional la Ley estatal de vivienda. Con este recurso el GOIB renuncia a facilitar a los ciudadanos de Baleares el derecho a una vivienda digna a un precio digno y asequible.

La vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento de las Islas Baleares, Mercedes Garrido, critica “al Gobierno de Prohens no le parece inconstitucional vulnerar el derecho a una vivienda con la retroacción del tanteo y retracto de las viviendas de Metrovacesa, pero sí le parece inconstitucional la Ley que facilita y garantiza una vivienda digna”.

Los socialistas se muestran preocupados con la decisión, ya que, de nuevo, quien sale ganador de las políticas del Govern de derechas son las empresas que especulan con las viviendas y no la mayoría social de Baleares. "Negar la posibilidad de limitar los alquileres es una irresponsabilidad", asegura Garrido.

De este modo, sólo podrán permitirse alquilar o comprar una vivienda las personas con un alto poder adquisitivo y no los trabajadores, los jóvenes y las familias de estas islas. Los socialistas recuerdan que la actual consejera de Vivienda, Marta Vidal, representa y defienden los intereses del fondo buitre y el sector inmobiliario.

Desde el PSIB-PSOE lamentan que el PP balear haga seguidismo de su partido nacional, siguiendo el precedente de Madrid o Andalucía. Es necesario aclarar la función de la abogacía de la Comunidad Autónoma, que es de asesoramiento jurídico y de defensa de los intereses de la CA, y no del Partido Popular. Sin embargo, con esta decisión y también con la denuncia en la fiscalía sobre Metrovacesa, demuestra que está a las órdenes y sigue las indicaciones del PP.

Los socialistas consideran que este recurso agravará el acceso a la vivienda digna y envía un peligroso mensaje: los más poderosos tendrán manga ancha en Baleares para especular. Por tanto, ante esta preocupación, el Grupo Parlamentario Socialista solicitará una copia del informe jurídico que fundamenta la autorización para poner un recurso de inconstitucionalidad.