MES critica la falta de valentía del Gobierno español en la Ley estatal de Vivienda

MES lamenta la carencia de valentía del Gobierno en la Ley estatal de la Vivienda y el retraso en su aprobación, que ha provocado, según ha asegurado la formación ecosobiranista, la prórroga de la moratoria de los desahucios. En una rueda de prensa celebrada este viernes, la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, el senador autonómico de MÉS por Mallorca, Vicenç Vidal, y el coordinador de MÉS-Estimam Palma, Miquel Àngel Contreras, han reclamado al Gobierno español la limitación de los precios del alquiler o la alternativa habitacional para colectivos vulnerables en riesgo de desahucio, entre otras medidas, para hacer efectivo el derecho a la vivienda y poner límite a la crisis habitacional.

"La Ley estatal de la Vivienda es un paso adelante en el desierto que tenía el Estado, pero no es suficiente", aseguró el senador autonómico de MÁS por Mallorca, Vicenç Vidal. Vidal ha recordado que la Ley estatal no hace ninguna mención a la recuperación de los 65.000 millones de euros públicos del rescate a la banca con la crisis de 2017, "un dinero que se podría usar para ampliar el parque de vivienda pública, a recursos para la regeneración urbana o para la rehabilitación de viviendas".

Además, el senador de MÉS por Mallorca ha añadido también que la Ley estatal no reconoce el derecho subjetivo a la vivienda "como sí hace la Ley autonómica" y que se renuncia a la obligación de establecer unos mínimos en todo el Estado, trasladando el criterio a las comunidades autónomas, tanto para declarar zonas tensionadas como para aplicar rebajas de precios. "Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Galicia, Castilla-León, Madrid, Andalucía y Murcia ya se han declarado insumisas a esta ley", recordó Vidal.

En este sentido, la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma y portavoz municipal de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, recordó que, aunque las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas” necesitamos que el Gobierno central regule los precios del alquiler en todo el Estado para garantizar unas bases económicas para con un bien de primera necesidad como la vivienda”.

Asimismo, Truyol ha recordado que "Palma vive una situación de emergencia habitacional", con una media de precio de 12 euros el metro cuadrado/mes, incrementos continuos de precio, con barrios donde ya se destina más del 50% de la renta familiar al alquiler sumado a unas rentas relativamente bajas, "por el mercado laboral precario del modelo turismo-construcción". "Congelar los precios no es útil ni para Baleares ni para Palma, necesitamos limitar ya el precio de los alquileres, no podemos esperar dos años así como declarar todo el territorio insular como zona tensionada".

Por otra parte, la portavoz municipal de los ecosobiranistas en Palma, reclamó también la eliminación de las finanzas abusivas y repercutir los honorarios de inmobiliarias y administradores de la propiedad siempre en la parte arrendadora, "ya que supone otra barrera para familias sin ahorros". Además, reclamó la ampliación del parque de vivienda pública de las comunidades autónomas en la misma línea de la financiación estatal que también reclamó el senador Vidal.

Por otro lado, Truyol recordó que la Ley estatal no prohíbe el desahucio a personas vulnerables sin alternativa habitacional, ni obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio. "Necesitamos que haya alternativa habitacional en caso de colectivos vulnerables. Los ayuntamientos no podemos garantizarlo. No tenemos vivienda o alojamiento público con suficiente volumen como para dar respuesta".

En este sentido, la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad ha recordado que en 2015 MÁS creó en Palma la Oficina Antidesahucio. "Un referente de buena práctica a nivel estatal". "El Estado también debería financiar estos servicios territorializados para acompañar y asesorar a quien lo necesite oa quien esté en peligro de perder su casa. La Oficina y los servicios sociales estamos desbordados y no podemos asumir los informes de vulnerabilidad solicitados por los juzgados", ha reivindicado.

Por último y en relación con las necesidades de los colectivos más vulnerables, Truyol ha recordado que la Ley estatal no les garantiza los suministros básicos y vuelve a dejar en manos de los ayuntamientos y sus presupuestos las ayudas económicas para hacer frente a las facturas," a la vez que no contempla ninguna medida para personas sin hogar ni establece ningún tipo de régimen sancionador ante los incumplimientos".