Aprobado el decreto que permitirá involucrar a medianas y grandes empresas en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización

El Consell de Govern ha aprobado este el Decreto de la huella de carbono, que permitirá involucrar a medianas y grandes empresas en la lucha contra el cambio climático y el proceso de descarbonización identificando a los principales emisores y haciéndoles corresponsables de esta lucha con planes de reducción de emisiones y compensación por su huella.

Este Decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética, y determina que las organizaciones sujetas al alcance del Decreto deben calcular y verificar las emisiones difusas de sus instalaciones por intervalos temporales de tres años, así como aportar los planes de reducción de sus emisiones difusas para cumplir los objetivos de mitigación del cambio climático en el territorio de las Illes Balears.

Así, este Decreto establece que, durante el primer año, el cálculo de las emisiones difusas debe ser verificado por un organismo verificador externo, mientras que en los años segundo y tercero los datos de las emisiones se devengarán sin verificación externa mediante un informe de huella de carbono validado por una declaración responsable de la organización. Por último, el cuarto año, el cálculo y la acreditación de la procedencia de las emisiones difusas conllevarán una nueva verificación externa tanto de la huella de carbono del año que debe inscribirse como de la de los dos años anteriores no verificados, y así se procederá sucesivamente con la inscripción de la huella de carbono cada tres años.

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha explicado tanto al Consell de Govern como a la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático que la inscripción de la huella de carbono será obligatoria para las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en las Illes Balears, la Administración autonómica de las Illes Balears y el sector público instrumental que depende.

Además, ha informado que la inscripción será voluntaria para el resto del tejido empresarial y la ciudadanía, lo que permitirá al Govern de les Illes Balears disponer de una información precisa sobre las emisiones difusas que existen en las islas, e iniciar los mecanismos necesarios para su reducción a través de planes y de la elaboración de unos presupuestos de carbono que permitirán establecer compromisos de reducción por sectores de actividad e islas», en palabras del vicepresidente.

Yllanes ha indicado que «hace algunos meses hicimos la declaración de emergencia climática en Baleares, dada la necesidad de establecer políticas reales y eficaces capaces de minimizar el cambio climático sobre la base del Acuerdo de París, que establece, entre otros objetivos, limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 1,5 °C y haber descarbonizado la economía a mediados del siglo XXI». Por ello, ha dicho, «urge una reducción rápida y significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, que impulsaremos gracias a este Decreto y que sólo se materializará mediante la colaboración y coordinación efectiva entre todas las administraciones, asunción del liderazgo de reducción de emisiones por parte del tejido empresarial y la implicación solidaria de la ciudadanía».

Cabe señalar que la Ley 10/2019 establece unos objetivos que deben conseguirse tanto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como en la mejora de la eficiencia energética, así como en la penetración de energías renovables. En este sentido, la Ley establece:

— Objetivos de reducción de emisiones (tomando como año base en 1990):
a) El 40% para el año 2030.
b) El 90% para el año 2050.

— Objetivos de eficiencia energética (tomando como año base en 2005):
a) El 26% para el año 2030.
b) El 40% para el año 2050.

- Objetivos de penetración de energías renovables:
a) El 35% para el año 2030.
b) El 100% para el año 2050.

Este Decreto da cumplimiento al punto 1 del artículo 28 de la Ley y establece los mecanismos necesarios para garantizar la compatibilidad del Registro autonómico que se crea con el Registro estatal, regulado en el Real decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, en orden a la transmisión, trazabilidad y gestión de los datos de las emisiones y su control.

Cabe apuntar que la estructura de la información de la huella de carbono almacenada en el Registro balear será plenamente compatible con la contenida en el Registro estatal. Dicho esto, el Govern de les Illes Balears desarrollará con más detalle la inscripción de la huella de carbono de acuerdo con este Decreto y solicitará, después de un período de adaptación, una información más amplia y detallada del tipo y la procedencia de sus emisiones. Para que su adaptación sea progresiva, se establecerán una metodología y un formulario de inscripción para los tres primeros años de vigencia del Decreto, y otra metodología y otro formulario diferente para la inscripción de la huella de carbono en años sucesivos.

Así, se establece que, durante los tres primeros años de entrada en vigor del Decreto, tanto los sujetos que estén obligados a la inscripción como los que la hagan voluntariamente deben registrar su huella de carbono en el Registro balear mediante un formulario, el cual solicita la misma información que el formulario del Registro estatal para facilitar su compatibilidad. Por otra parte, a partir del cuarto año de vigencia, el Registro balear pedirá información más precisa y detallada sobre la procedencia de las emisiones difusas, y los sujetos obligados a inscribirse tendrán que registrar su huella de carbono mediante un nuevo formulario.

Por último, cabe destacar que el IDI organiza para este 15 de diciembre una jornada destinada a la sostenibilidad industrial, con el objetivo de fomentar la reducción de la huella de carbono entre las empresas y darles a conocer las ayudas económicas existentes para conseguirlo.