GOB denuncia ante la Fiscalía la contaminación del agua del torrente de Son Saletes (Sencelles)

El GOB ha presentado ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares una denuncia para que se investigue la contaminación por PFAS detectada en la red de abastecimiento de Son Saletes, en Sencelles, que el pasado mes de julio obligó al Ayuntamiento a declarar el agua no apta para el consumo humano .

La situación salió a relucir el 22 de julio, cuando el Ayuntamiento de Sencelles informó de que las analíticas de la red habían detectado concentraciones de PFOS y PFAS superiores a los valores admisibles. La población afectada no puede utilizar este agua para beber, cocinar, preparar alimentos o biberones, lavar frutas y verduras ni elaborar hielo y debe recurrir a fuentes alternativas de agua potable.

Para el GOB, no estamos ante un simple episodio puntual de contaminación . La situación actual llega después de más de veinte años de denuncias, movilizaciones, analíticas y quejas relacionadas con los vertidos en el torrente de Solleric de la lavandería industrial situada aguas arriba de la zona afectada, conocida históricamente como Lavanderías Diana y actualmente Elis Mallorca. El escrito presentado en Fiscalía documenta denuncias que se remontan al menos a 2001, así como antecedentes de apego a pozos y aguas subterráneas.

Tras más de dos décadas de advertencias sobre la posible contaminación del torrente y las aguas subterráneas, hoy una red que abastece a ciudadanos no puede proporcionar agua apta para beber. Para el GOB, llegar a esta situación exige una investigación a fondo y la aclaración de responsabilidades.

La denuncia pone el foco en dos cuestiones. Por un lado, reclama investigar de forma prioritaria si existe relación entre la contaminación actual por PFAS y los vertidos procedentes de la lavandería industrial. El GOB no da esta relación por demostrada, pero considera que los indicios acumulados son demasiado importantes para ser ignorados : la instalación está situada aguas arriba, desarrolla una actividad de tratamiento y lavado textil, ha realizado vertidos autorizados en el torrente durante años y estos vertidos han sido objeto de denuncias reiteradas por posible contaminación. A esto se añade que los PFAS son sustancias ampliamente utilizadas en el sector textil.

Por otra parte, el GOB considera imprescindible investigar qué han hecho las administraciones competentes durante todos estos años . La problemática era conocida: constan denuncias, analíticas, intervenciones municipales, quejas de vecinos y entidades ecologistas, actuaciones de Recursos Hídricos y sucesivas autorizaciones y renovaciones de los vertidos.

«No basta saber de dónde vienen los PFAS. También queremos saber cómo es posible que, después de más de veinte años de advertencias sobre la contaminación de este torrente y de los pozos de la zona, hayamos llegado al punto de que los vecinos no puedan beber el agua que llega a su casa.»

La denuncia pide a Fiscalía que requiera los expedientes de autorización, inspección, analíticas, denuncias y controles de la lavandería industrial, y las analíticas completas que han provocado la declaración de no aptitud del agua de Son Saletes. A partir de esta documentación, pide que se investigue el origen de la contaminación, la posible contribución de los vertidos industriales y las eventuales responsabilidades derivadas de la actuación u omisión por parte de los organismos encargados de su control.

Los PFAS son contaminantes persistentes y algunos presentan una relevancia toxicológica especialmente importante. La IARC, organismo especializado de la OMS, ha clasificado al PFOA como carcinógeno para los humanos y al PFOS como posiblemente carcinógeno. En el caso de Son Saletes, el GOB no afirma en la denuncia que se hayan producido efectos concretos sobre la salud de personas, pero consideraríamos inadmisible banalizar una contaminación que ya ha privado a una parte de la población del uso normal de un recurso tan esencial como el agua potable, y en la que están implicadas sustancias que presentan una relevancia toxicológica internacional .

El GOB reclama que la Fiscalía abra diligencias y llegue hasta el final para determinar quién ha contaminado las aguas y si la actuación o falta de actuación de la Administración durante estos años ha contribuido a permitir que la situación llegara hasta aquí.