El GOB exige a Costas y al Ayuntamiento de Santanyí que hagan efectiva la clausura del aparcamiento ilegal de Cala Llombards

El GOB denuncia una vez más la situación inadmisible del aparcamiento de la playa de Cala Llombards, en Santanyí. Cuatro años después de que nuestra entidad denunciara ante las administraciones la ocupación de este espacio del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), y tras un procedimiento administrativo y judicial que ha confirmado nuestras advertencias, los vehículos siguen aparcando.

En estos momentos, ni el Ayuntamiento de Santanyí ha retirado la señalización del aparcamiento, tal y como le ordenó la Demarcación de Costas, ni Costas ha adoptado las medidas necesarias para impedir que los vehículos sigan estacionando sobre la playa , aunque este uso está expresamente prohibido por la normativa de Costas.

Una problemática denunciada desde 2018

El GOB denuncia desde hace años la degradación de la zona dunar de Cala Llombards. En febrero de 2018 denunciamos la destrucción con maquinaria de una formación dunar de unos 300 m² situada en el lado norte de la playa. La zona estaba ocupada por el hábitat natural 2120 de la Directiva de Hábitats, correspondiente a dunas blancas, con especies características como el gramo de playa ( Sporobolus pungens ) y el lirio de mar ( Pancratium maritimum ).

Posteriormente, el deslinde de una zona de protección permitió una recuperación parcial de la vegetación. Sin embargo, el mantenimiento del aparcamiento siguió impidiendo la recuperación completa del sistema dunar.

En mayo de 2022 el GOB volvió a actuar, denunciando ante la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de Santanyí, la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio la existencia del aparcamiento y reclamando que se determinara su legalidad y, en caso de confirmarse su ilegalidad, que se fuera clausurado, se restaurase y se restaurara. de la zona dunar.

Costas confirmó que el aparcamiento está en zona de playa y que los vehículos no pueden estacionar

A raíz de la denuncia del GOB, el Servicio de Vigilancia de Costas inspeccionó el espacio. El expediente administrativo, reproducido ahora en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, está especialmente claro: el aparcamiento está situado dentro de una superficie catalogada como playa y, por tanto, el estacionamiento y la circulación de vehículos están prohibidos de acuerdo con el artículo 72.2 del Reglamento General de Costas .

Costas constató igualmente que no constaba ninguna autorización para ocupar y utilizar el DPMT como aparcamiento, ni tampoco para mantener las señales de tráfico y demás elementos vinculados a este uso.

A partir de ahí, la Demarcación de Costas requirió reiteradamente al Ayuntamiento para que actuara. En septiembre de 2022 le dio un mes para clausurar el aparcamiento y retirar sus instalaciones y señalización. Ante la negativa municipal, en octubre del mismo año Costas volvió a requerir al Ayuntamiento, esta vez con un plazo improrrogable de diez días.

En ese mismo requerimiento, Costas indicaba que, en ejercicio de sus propias competencias, procedería a instalar cartelería indicativa de la prohibición de estacionar en la playa .

El Ayuntamiento recorrió contra Costas y el TSJIB ha desestimado sus pretensiones

El Ayuntamiento de Santanyí optó por combatir las actuaciones de Costas en los tribunales, defendiendo que disponía de una autorización concedida en 2018 para señalizar y delimitar las vías de acceso y salida de la playa.

La sentencia núm. 263/2026, dictada el 8 de mayo de 2026 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, ha rechazado esta argumentación.

El Tribunal concluye que la autorización concedida el 13 de marzo de 2018 expiró el 13 de marzo de 2022 y que, a partir de esa fecha, el Ayuntamiento ya no disponía de ninguna autorización para ordenar y delimitar el tráfico en ese espacio del dominio público marítimo-terrestre. La Sala desestima así el recurso del Ayuntamiento contra el requerimiento de Costas, imponiendo la sentencia, además, las costas judiciales al Ayuntamiento, con un máximo de 3.000 euros.

Una sentencia que llega después de años de incumplimientos, pero los coches siguen aparcando

La situación resulta hoy todavía más grave. En 2022 Costas ya había constatado que el aparcamiento no disponía de autorización y había ordenado retirar su señalización. En 2024, ante la persistencia del incumplimiento, el GOB volvió a reclamar públicamente la clausura inmediata del aparcamiento.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado las pretensiones del Ayuntamiento y ha confirmado que la autorización que éste invocaba estaba extinguida desde marzo de 2022.

Y, sin embargo, los vehículos siguen aparcando en Cala Llombards.

Consideramos absolutamente injustificable que, después de cuatro años de requerimientos, expedientes y recursos judiciales, la ilegalidad continúe materialmente sobre el terreno como si nada hubiera pasado.

Exigimos responsabilidades a las dos administraciones

El GOB considera que en este momento tanto el Ayuntamiento de Santanyí como la Demarcación de Costas deben asumir sus responsabilidades y actuar de forma inmediata.

Al Ayuntamiento de Santanyí le exigimos que deje de mantener de facto un aparcamiento que no cuenta con autorización, que cumpla el requerimiento de Costas avalado judicialmente y que retire inmediatamente las instalaciones y señalización que ordenan y faciliten el estacionamiento en este espacio.

A la Demarcación de Costas le exigimos que ejerza efectivamente sus competencias. No basta con haber tramitado un expediente contra el Ayuntamiento. Costas sabe desde 2022 que los vehículos estacionan en una zona de playa donde la normativa prohíbe expresamente la circulación y el estacionamiento, y en su propio requerimiento anunció que instalaría cartelería informando de esa prohibición.

Por eso reclamamos a Costas que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición, señalizarla adecuadamente, impedir el acceso y el estacionamiento de vehículos y actuar ante los incumplimientos que se produzcan.

No podemos aceptar que una administración incumpla los requerimientos que se le han formulado y que la otra, después de haber constatado la ilegalidad y ganado el procedimiento judicial, permita que la situación continúe exactamente igual sobre el terreno.

La protección del dominio público y de la zona dunar de Cala Llombards no necesita más expedientes ni más años de espera: necesita que las administraciones hagan cumplir de una vez la legalidad.