Actualizado el 13/06/2025 19:05 Compartir
Esta movilización ciudadana llega en un momento en que el PSOE atraviesa una grave crisis de credibilidad a todos los niveles, tras la implicación de su número tres, Santos Cerdán, en un nuevo escándalo de corrupción relacionado con el caso Koldo. Un episodio que se suma a una larga lista de casos que demuestran hasta qué punto el partido ha perdido el rumbo y la confianza de los ciudadanos.
En Inca, esta crisis política se traduce en forma de inacción, dejadez y una desconexión absoluta del alcalde socialista Virgilio Moreno con la realidad del municipio. Hace exactamente diez años que el PSOE gobierna el Ayuntamiento, y los resultados son evidentes: más abandono, más inseguridad y mayor impotencia por parte de unos vecinos que ven cómo sus derechos no son defendidos.
Desde el PP de Inca denunciamos que el PSOE ha optado por mirar hacia otro lado, mientras los okupas se adueñan de viviendas y calles, y son los propietarios quienes sufren las consecuencias. En este conflicto, las víctimas son las personas que cumplen con la ley, que trabajan, que pagan sus impuestos y que ven cómo su propiedad es ocupada con total impunidad.
Cabe recordar que el Partido Popular impulsó una propuesta en el Senado para agilizar los desalojos en casos de okupación, estableciendo un plazo máximo de 24 horas, pero esta iniciativa sigue bloqueada en el Congreso por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Desde el Grupo Popular de Inca exigimos al señor Moreno y a su partido que rectifiquen de una vez, abandonen la complicidad con la okupación y se sitúen del lado de la gente honesta. No se puede seguir gobernando de espaldas a la realidad, y menos aún en un contexto en el que el Partido Socialista está enfangado en múltiples escándalos y cada día más alejado de la calle.
El PP continuará liderando esta reivindicación desde la calle y desde las instituciones. Seguiremos escuchando a los vecinos, recogiendo firmas y presentando iniciativas para que en Inca se vuelva a garantizar el derecho a la propiedad privada, la convivencia y la seguridad que toda sociedad merece.
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