El Ayuntamiento de Alaró pide que el Consell obligue al Estado a iniciar los trabajos de restauración de las murallas del Castillo

El pleno del Ayuntamiento de Alaró ha aprobado por unanimidad una propuesta de alcaldía en la que se pide al Consejo que obligue al Gobierno de España a ejecutar las obras necesarias para preservar el 'Castillo' de Alaró, dado que así lo obliga la ley como propietario. Es más, en la misma propuesta se plantea al Consejo la ejecución subsidiaría de estas obras.

En los últimos veinte años, se han realizado fuertes inversiones en el entorno del Castillo de Alaró por parte de varias instituciones. Así, se han arreglado y conservado márgenes y partes del camino empedrado, se ha limpiado la zona de vegetación para prevenir incendios, se han rehabilitado completamente los edificios de la Hostería y se ha restaurado el retablo y parte de la capilla de la Virgen María del Refugio, por poner un ejemplo; inversiones por parte del Ayuntamiento, del Consejo de Mallorca y del Gobierno balear, nunca con la colaboración del Estado.

El único espacio que prácticamente no ha contado con ningún tipo de intervención son las murallas y torres de la fortificación que dan número a todo el sitio y que han tenido un papel capital en varios momentos de la historia mallorquina.

La situación de conservación de este elemento patrimonial se crítica en varios puntos, tal y como ya se indicaba en el Plan de Castells del Consell de Mallorca, aprobado en 1997.

El paso del tiempo desde entonces hasta ahora no ha hecho más que agravar la situación. En este sentido, el Consejo de Mallorca ha realizado dos intervenciones de urgencia para asegurar la integridad del elemento. Esta dejadez en el mantenimiento y la nula inversión por parte del Estado, titular del bien protegido, va en contra de la Ley, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.

Esta ley estipula en su artículo 22 que "Los bienes integrantes del patrimonio histórico de las Islas Baleares deben ser conservados, mantenidos y custodiados por los propietarios". Además el artículo 26 deja bien claro que "los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes de interés cultural o catalogados tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de tal modo que se garantice la salvaguardia de los valores. El uso a que se destinan estos bienes debe garantizar la conservación".

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló asegura que “el Estado ha cometido un claro incumplimiento de la legalidad con su dejadez absoluta hacia un elemento histórico y patrimonial de primer orden en nuestra isla que tiene un valor simbólico enorme y también un valor sentimental muy especial para todos los alaroneros".

Perelló ha comentado que "Ha legado un punto en el que no podíamos estar de manos cruzadas viendo que peligra muy seriamente el Castillo. Esperamos que el Estado cumpla con la legalidad y si no tenemos el compromiso del Consejo de que actuará para preservar el Castillo después pasar la factura en el Gobierno estatal".