Actualizado el 18/03/2022 12:45 Compartir
El juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Palma ha remitido un oficio al Ayuntamiento de Maria de la Salut requiriendo que se identifique a la persona o personas responsables de la no entrega de la documentación solicitada por el mismo juzgado y procede a la imposición de multa coercitiva que será de entre 300 y 1200 euros y será reiterada cada 20 días hasta que se presente la documentación.
El portavoz socialista de María de la Salud, Rafel Aulet ha manifestado que "este oficio que ha enviado el juzgado es una muestra más de la falta de voluntad del equipo de gobierno de facilitar el acceso a la información. Se llenan la boca de buenas intenciones, pero acaban llevando a cabo actitudes propias de un cacique. Deberían hacer pagar la multa al equipo de gobierno".
Aulet ha añadido que "es un buen momento para recordar que el actual equipo de gobierno, PP y X Maria, entraron después de una moción de censura alegando falta de transparencia de los que gobernaban".
Los hechos comenzaron entre diciembre de 2020 y abril de 2021 cuando, en el ejercicio de su derecho en la fiscalización del equipo de gobierno, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafel Aulet, realizó una serie de registros de entrada en el Ayuntamiento de Maria pidiendo documentación y preguntas escritas a las que el Ayuntamiento no contestó. Estas peticiones hacían referencia a puntos de suministro que han cambiado de compañía, contratación de suministro eléctrico, tala de árboles en vía pública, ficha técnica de los herbicidas utilizados en vía pública, etcétera.
Fruto de la demanda interpuesta por los socialistas el 16 de junio de 2021, el 28 de junio el juzgado requirió por primera vez la documentación al Ayuntamiento, dándole un plazo de 20 días para contestar y no lo hicieron. El de 10 de noviembre de 2021 el juzgado envió un segundo requerimiento al Ayuntamiento para que enviaran la documentación y tampoco contestaron. Día 1 de febrero de 2022 la abogada de los socialistas de Maria de la Salut presentó un escrito reclamante impulso procesal ante la pasividad demostrada por el Ayuntamiento.
Cabe destacar que todavía se siguen haciendo registros de entrada pidiendo documentación y preguntas escritas que muchas de ellas quedan sin contestar y que, según el artículo 72 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre municipal y de régimen local de las Islas Baleares, tienen la obligación de contestar en 5 días hábiles para poder ejercer el derecho de fiscalización de la acción de gobierno.
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