El GOB interpone un recurso contra la ampliación de la concesión a Alcudiamar para construir una zona deportiva

El GOB ha interpuesto un recurso contra la ampliación de la concesión por 12 años a Alcudiamar, empresa que ha obtenido una prórroga del plazo concesional hasta el año 2030 para construir una zona deportiva en el Puerto de Alcúdia.

Según ha informado la entidad ecologista en un comunicado, este lunes presentó un recurso de reposición potestativo a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), contra el acuerdo de ampliación del plazo concesional al entender que esta ampliación "no se ajusta a derecho".

El GOB asegura que se infringe la Ley de Puertos de 2011 porque la APB no ha solicitado los informes preceptivos a las administraciones urbanísticas competentes. Además, el acuerdo de ampliación del plazo se ha adoptado sin el informe de evaluación de impacto ambiental del proyecto básico autorizado.

Por otro lado, el grupo ecologista indica que una resolución de la Dirección General de Medio Ambiente insta al promotor a presentar ante el órgano sustantivo los documentos oportunos para iniciar el procedimiento de AIA simplificada al entender que las obras de ampliación de la dársena podrían afectar apreciablemente a la zona LIC ZEPA.

Según explica el GOB, si se consideran los efectos acumulativos los proyectos de construcción se superaría las cinco hectáreas de superficie. Además, "el AIA necesariamente tendrá que estudiar las diferentes alternativas en la ampliación de la dársena y la sustitución de esta inversión por proyectos más sostenibles y de regeneración y compensación de los efectos negativos causados por las instalaciones del puerto deportivo a la lámina de agua interior".

En este sentido, señalan, el informe del Imedea de junio de 2016 deja patente que parte de la sedimentación de arenas finas "quedan eventualmente atrapadas en la zona norte debido a la configuración del puerto deportivo".

Este informe, asegura el GOB, refleja que "el puerto deportivo nunca se tendría que haber construido en la ubicación actual". No obstante, añaden que el "punto débil" del informe de Imedea es que no examina otros temas importantes, como la calidad del agua.

Por todo ello, el GOB cree que el acuerdo debería ser anulado, revocado y dejado sin efecto ya que podría ser "contrario a derecho".