El Ajuntament de Palma informa a asociaciones y entidades sobre la futura Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica

El Ajuntament ha puesto en marcha el proceso participativo para que entidades, asociaciones y ciudadanos puedan realizar aportaciones a la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica en Palma.
El cuartel de Sant Ferran ha celebrado esta tarde la primera de una serie de reuniones que tienen como objetivo dar a conocer los pormenores de una ordenanza que regula, entre otras, cuestiones como la degradación visual del entorno urbano (tanto por grafitis como por pintadas y otras expresiones gráficas como pancartas, carteles y folletos); actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano y el deterioro del espacio público; uso de patines, patinetes, vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas; consumo de bebidas alcohólicas; comercio ambulante no autorizado; concentraciones que alteran la convivencia, etc.

El calendario de reuniones se ha programado atendiendo a los cinco distritos que conforman Palma. Por ello, este martes han sido informadas las asociaciones y entidades integradas dentro de los distritos de Platja de Palma, Centre y Nord para continuar el día 9 con los distritos de Llevant y Ponent, mientras que el día 14 se informará a entidades como la ONCE, Arca, Bici Ciutat, Patinetes a Raya, Aspace, Vianants Mallorca, Mallorca Accesible y Music al Carrer.
El día 16 finalizará la ronda de consultas con la asistencia de representantes del sector del comercio, turismo, restauradores, ocio, presidentes de empresas de seguridad privada y Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen.
El objetivo de estas reuniones es que todo el tejido asociativo y empresarial esté plenamente informado de la futura ordenanza y puedan presentar sus sugerencias hasta el 31 de mayo.
Las sugerencias pueden presentarse en el Registro electrónico del Ajuntament, o de forma presencial, por el Registro general o en cualquier otra de las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.