Palma
Piden la “inmediata readmisión” de un trabajador de la SMAP cuyo despido en 2019 ha sido declarado improcedente por la justicia
Actualizado el 07/10/2021 13:18 Compartir
El PP de Palma, por medio de la regidora Lydia Pérez, ha pedido hoy la “inmediata readmisión” de un empleado de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) tras haber sido declarado improcedente por la justica el despido del cual fue objeto en julio de 2019. Concretamente, el departamento que dirige el socialista Francesc Dalmau, que también preside la EMT donde ha cultivado crispación y polémica desde el inicio de la presente legislatura, echó al empleado 24 horas después de que le fueron otorgados plenos poderes para despedir personal al gerente de la sociedad, el también socialista Pedro Manera.
La regidora popular ha acusado al gobierno de Hila de haber emprendido una “persecución sistemática” en el seno de la SMAP desde que accedió a la alcaldía en 2015 habiendo despedido hasta la fecha a 3 trabajadores “sin que haya existido en ningún caso una razón objetiva o disciplinaria para ello” con un coste total que rondaría los 150.000 euros públicos.
Sobre este último aspecto, Lydia Pérez ha criticado el “despilfarro de dinero público” en indemnizaciones y ha señalado como ejemplo “más flagrante” el caso del empleado despedido en julio de 2019 “sin mediar un expediente disciplinario que permitiese al afectado ejercer la defensa de sus intereses” por lo que, tras la declaración de improcedencia, Cort se ve en la obligación, vía sentencia judicial, de asumir el despido improcedente del empleado, indemnizándole con 58.000 euros, o de readmitirle abonándole una cantidad inferior en concepto de salarios de tramitación.
La regidora popular ha acusado al gobierno de Hila de haber emprendido una “persecución sistemática” en el seno de la SMAP desde que accedió a la alcaldía en 2015 habiendo despedido hasta la fecha a 3 trabajadores “sin que haya existido en ningún caso una razón objetiva o disciplinaria para ello” con un coste total que rondaría los 150.000 euros públicos.
Sobre este último aspecto, Lydia Pérez ha criticado el “despilfarro de dinero público” en indemnizaciones y ha señalado como ejemplo “más flagrante” el caso del empleado despedido en julio de 2019 “sin mediar un expediente disciplinario que permitiese al afectado ejercer la defensa de sus intereses” por lo que, tras la declaración de improcedencia, Cort se ve en la obligación, vía sentencia judicial, de asumir el despido improcedente del empleado, indemnizándole con 58.000 euros, o de readmitirle abonándole una cantidad inferior en concepto de salarios de tramitación.
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