Piden a Hila que no se entreguen al Gobierno los 32 millones ahorrados por Cort en 2019

El Partido Popular de Palma, junto a los otros grupos de la oposición municipal, han registrado hoy la petición de convocatoria de un Pleno extraordinario con el fin de reclamar al equipo de gobierno municipal la no adhesión del Ayuntamiento de Palma a la cesión al Gobierno del Estado de los 32 millones de euros ahorrados por Cort en 2019, tal y como ha anunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el, hasta el momento, silencio cómplice de la presidenta del Govern balear Francina Armengol y del alcalde de Palma, José Hila.

Para el PP, según ha manifestado su portavoz, Mercedes Celeste, “este dinero que servir para cubrir las necesidades más urgentes de la ciudad como el déficit de recursos humanos y materiales en materia de seguridad ciudadana, la falta de infraestructuras que acusa la ciudad o la urgente reactivación económica del comercio y la restauración local del que dependen miles de familias que ahora necesitan, más que nunca, un ayuntamiento fuerte y comprometido con sus necesidades”.

La portavoz popular ha expresado su “doble preocupación”, primero por el “silencio de Hila, quien parece haber olvidado que en el Pleno municipal del pasado 30 de julio se aprobó por unanimidad rechazar cualquier maniobra del Estado para incautarse del remanente de Cort” y, en segundo lugar, porque “por primer vez un Decreto Ley quita toda la potestad al Ayuntamiento de Palma para decidir sobre su fiscalidad y le otorga plenos poderes al alcalde Hila para decidir su adhesión a los deseos del gobierno central de apropiarse de los ahorros de la ciudad”. Por ese motivo, apunta Mercedes Celeste, “urge un pronunciamiento firme y claro por parte del alcalde Hila y su equipo de gobierno”.

LAS CUATRO PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN

La propuesta de convocatoria de Pleno extraordinario consta de un total de cuatro puntos, el primero de los cuales rechazar el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda en el que se fundamenta el Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (BOE núm 211 de 5 de agosto) y que vulnera la autonomi?a financiera de las entidades locales, supone la incautacio?n de los supera?vits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.

Como segundo punto, la oposición en Cort plantea al equipo de gobierno instar al Ministerio de Hacienda a unas nuevas negociaciones con la FEMP que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades auto?nomas a trave?s del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el gobierno de Espan?a.

Como tercera medida, propone instar al gobierno de España a eliminar la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021, y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.

Por último, los grupos de la oposición municipal instan al alcalde de Palma, D. José Hila Vargas, como Presidente de la Corporación municipal, a no acordar mediante decreto o resolución el compromiso de poner a disposición de la Administración General del Estado los recursos financieros del Ayuntamiento de Palma, sin debate ni consenso como permite el Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto, y vulnerando con ello la voluntad de la totalidad del Consistorio manifestada en sesión de Pleno ordinaria de 30 de julio de 2020.

UNANIMIDAD DEL PLENO FRENTE A LA INCAUTACIÓN DE LOS AHORROS

Cabe recordar que en el pasado Pleno municipal del pasado 30 de julio, todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Palma aprobaron por unanimidad rechazar cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros municipales acumulados por los vecinos de Palma.

Se acordó, además, instar al gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos; a atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la Regla de Gasto y a que, en caso de plantearse modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos repre-sentantes de las entidades locales y de los españoles.