Actualizado el 19/06/2019 08:14 Compartir
La operación tiene un coste de 40.000 euros y se llevará a cabo entre hoy y mañana. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Palma se han desplazado hasta el poblado para garantizar la seguridad del operativo, aunque las tareas se han llevado a cabo con total normalidad.
Con esta acción que se ha iniciado hoy y que concluirá mañana, el área de Bienestar y Derechos Sociales quiere garantizar que hasta el inicio de la segunda fase de desmantelamiento del poblado de Son Banya, prevista hasta finales del año 2019, cualquier construcción que se reedifique se pueda demoler de forma inmediata. Inmediatamente se procederá a la instalación de rótulos informativos recordando que la reconstrucción de viviendas sin permiso supone un delito de usurpación, recogido en el código penal.
De esta manera el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma demuestra su compromiso firme de seguir adelante con la hoja de ruta pactada hace un año y medio. En este sentido, hay que recordar que en mayo pasado, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a los pliegos de cláusulas administrativas y los de prescripciones técnicas para la contratación del servicio para la defensa técnica y la representación en los procedimientos de desalojo relativos al poblado de Son Riera. El objetivo de la licitación es la contratación de la representación jurídica que se encargará de los trámites para ejecutar los desahucios de las viviendas que aún quedan en Son Banya, un procedimiento necesario para continuar con la segunda fase del proceso de desmantelamiento. El presupuesto es de 247.660 euros y se prevé hasta un máximo de 95 albergues.
Durante la primera fase de desmantelamiento del poblado de Son Banya, entre julio de 2018 y abril de 2019, se han derribado un total de 42 albergues y un gallinero y quedan por derribar un total de 75 viviendas. Durante este periodo, un total de 117 personas, 68 adultos y 49 niños, han podido rehacer la suya. La segunda fase se llevará a cabo entre 2019 y 2020.
La segunda fase de desmantelamiento tendrá un coste aproximado de 600.000 euros y se llevará a cabo entre 2019 y 2020.
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