Actualizado el 12/12/2017 13:10 Compartir
El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) Palma ha anunciado este martes que presentará una solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción contencioso-administrativa para impedir que se modifique la Festa de l'Estendard este año.
En una rueda de prensa, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Josep Lluís Bauzá, ha acusado al equipo de gobierno de modificar la fiesta "sin atender a ningún trámite", al incorporar en los actos protocolarios a la corporación del Consell de Mallorca y a otros alcaldes de la Isla, y ha recordado que se trata de una ceremonia catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además de la solicitud de medidas cautelares, Cs ya ha registrado un requerimiento para que el equipo de gobierno se abstenga de realizar cualquier modificación sobre esta fiesta. En este escrito, Cs advierte de que si esta petición no es atendida formulará un recurso contencioso-administrativo en diez días.
Bauzá se ha mostrado en desacuerdo "con que se haya cambiado la Fiesta de Mallorca como se ha cambiado y se incorpore a l'Estendard, que es una fiesta de la ciudad de Palma". Por ello, ha criticado que el Ayuntamiento "por sistema da por hechas las cosas y no atiende a ningún trámite".
El portavoz de Cs ha explicado que al enterarse de esta modificación a través de la prensa, solicitaron al alcalde, Antoni Noguera, que indicara quién era el responsable de la modificación del BIC y cuál era el acto administrativo por el que se modificaba la fiesta.
Según Bauzá, el alcalde contestó "contando la historia de Palma y del Consell insular" e indicadno que tenía intención de aceptar la solicitud del presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, para participar en la fiesta.
Por su parte, el regidor Pedro Ribas ha señalado que no se trata de "una cuestión histórica sino jurídica" porque la Festa de l'Estendard "es un BIC" y por tanto "una celebración reglada". En todo caso, ha apuntado, si el equipo de gobierno cree que existen motivos históricos para una modificación "hay unos trámites" que deben seguir.
Ribas ha explicado que el protocolo de la fiesta viene detallado en un anexo en la publicación del BOIB que recogía su aprobación como BIC. Por ello, incluir a los miembros del Consell y alcaldes en la comitiva desde la Plaza de Cort hasta la Catedral "se quiera o no supone una modificación de lo que está previsto en este anexo".
Por ello, Ribas entiende que la declaración de BIC "se ve plenamente afectada", así como "el significado de la propia fiesta". Por otro lado, "no hay un acto administrativo del alcalde o del ayuntamiento acordando cómo se llevaría a cabo esta modificación", ha protestado.
Teniendo en cuenta que la fiesta se celebra a finales de este mes, Cs también solicitará medidas cautelares para que un juez "ordene al Ayuntamiento que no modifique la Festa de l'Estendard tal y como viene descrita en la declaración del anexo del BIC".
Al margen de este asunto, el portavoz de Cs ha explicado que han presentado una proposición de urgencia para el pleno del 21 de diciembre sobre las expropiaciones de las viviendas del bloque 8 del Camp Redó para su posterior demolición.
Bauzá ha calificado como "seriamente alarmante" la actuación del Ayuntamiento puesto que las personas que residen en este bloque se encuentran "en clara exclusión social". En esta línea, ha defendido que las cantidades que se ofrecen a los vecinos como indemnización no son suficientes y que las medidas del equipo de gobierno "agravan de forma espectacular su situación económica".
Por ello, Cs pide que el Ayuntamiento y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) estudien la fórmula para permutar las viviendas de los propietarios de este bloque por otra similar dentro del mismo barrio, para evitar que la demolición repercuta negativamente en la situación económica de los vecinos.
Paralelamente, en referencia a la celebración de la Semana de la Accesibilidad, el portavoz de Cs ha valorado que el ascensor de Ramblas a Plaza Mayor funcione durante las 24 horas del día, pero ha pedido al Ayuntamiento un proyecto en esta zona, que ha calificado como "un punto negro para la accesibilidad".
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