ANADE denuncia la “arbitrariedad” de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) al decidir las prórrogas de las concesiones

La Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares (ANADE), asociada a la CAEB, no logra entender el criterio de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a la hora de aplicar la Ley de Puertos del Estado que permite las prórrogas y las ampliaciones de plazo de las concesiones situadas en los cinco puertos de interés general del Archipiélago.

Algunas decisiones contradictorias adoptadas, especialmente desde hace tres años, han puesto de manifiesto el errático rumbo de la APB en esta materia tan sensible. La ausencia de una pauta clara y de las debidas explicaciones que justifiquen por qué en unos casos se tramitan y aceptan las solicitudes de prórroga o ampliaciones de plazo y en otros se rechazan, sin más; unido al cambio de criterio en lo que hasta ese momento venía aprobando APB, está generando un gran malestar en el sector de los puertos deportivos.

Desde ANADE se confirma que el órgano gestor de los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera parece actuar de una manera “caprichosa” al interpretar una misma ley de formas diversas “sin que nadie sepa las razones”. Esta forma de proceder genera, a su juicio, “una gran inseguridad jurídica” y beneficia a unos concesionarios en detrimento de otros.

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante incluye desde 2011 la posibilidad de prorrogar y ampliar las concesiones, si se reúnen una serie de requisitos. Sin embargo, desde ANADE se observa cómo las decisiones de la APB no siguen ningún patrón ni atienden a la lógica. Dependiendo del momento, las solicitudes se aceptan o se rechazan, aunque las empresas hayan apelado al mismo precepto legal y cumplido las mismas exigencias. Asimismo, la patronal considera muy perjudicial este modelo de gestión en el que el empresario nunca sabe a qué atenerse porque “lo que hoy es blanco mañana es negro, y nadie sabe por qué”.

Desde ANADE no se juzgan las intenciones de la APB, pero la discrecionalidad de la administración tiene que responder a unas reglas, o como mínimo haber sentado unos precedentes, ya que, de lo contrario, se transforma en pura arbitrariedad y da lugar a agravios intolerables y a una falta total de seguridad para tomar decisiones empresariales básicas.

ANADE reclama al Govern balear, en su condición de cogestor de los puertos de interés general y “máximo interesado” en que éstos generen trabajo y riqueza para el territorio, que apoye unas políticas claras a favor de las prórrogas y ampliaciones de plazo en aplicación de lo que establece la Ley de Puertos del Estado en este ámbito.

La patronal de la náutica deportiva recalca que los concesionarios y empresas licitantes necesitan información precisa sobre el funcionamiento administrativo del espacio público portuario en el momento de preparar sus proyectos. Lo normal cuando se realiza una oferta económica a una administración es saber cómo ejercerá su discrecionalidad en algo tan relevante como es una prórroga, dado que afecta al plazo efectivo de la concesión y, por tanto, a la amortización de las inversiones realizadas. Y eso no ocurre actualmente en la APB.