Agricultores y ecologistas al límite ante el alud de nuevas centrales fotovoltaicas en foravila

La ola de grandes centrales fotovoltaicas en foravila y las nuevas facilidades administrativas para la su creación han sobrepasado la paciencia de entidades ecologistas y agrarias. En estos momentos, se están tramitando o proyectando más de 60 centrales fotovoltaicas en suelo rústico en Mallorca. Sólo las diez mayores ocuparán 3,5 km² de terreno agrario o forestal.

Ante esta situación, Amigos de la Tierra Mallorca, la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA), el GOB Mallorca, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Extintion rebelion, Fridays for Future y Terraferida, advierten que la urgencia de la transición hacia una energía renovable, no puede hacerse a cualquier precio. Esta preocupación se extiende rápidamente dentro de los movimientos sociales y se están preparando para “movilizaciones más amplias”.

Las entidades ven inadmisible que muchas de estas iniciativas de empresas energéticas y grandes capitales, sean consideradas como “proyectos industriales estratégicos” y así acorten el procedimiento administrativo de ordenación territorial. A ese malestar, se añade que el miércoles pasado el Congreso de los Diputados aprobó una norma que reduce aún más los pocos requisitos ambientales a los que están sometidas, eliminando incluso la fase de participación pública.

Esta situación se está produciendo con todos los vistos buenos de las instituciones implicadas: ayuntamientos, Consell de Mallorca, Industria, Energía y desgraciadamente también, Agricultura. Los mismos que aseguraban que sólo se aprobarían los proyectos en suelo rústico si éste no era productivo. Los mismos que todavía no han aprobado la modificación del plan territorial que debe decir dónde y cómo hacer la implementación según la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Cuando no hay más rumbo que cumplir con estadísticas europeas, ni un criterio que piense con el futuro de Mallorca, quien planifica son los intereses empresariales.

La delicada situación de la actividad agraria ya está empeorando a causa de esta nueva presión. Algunos campesinos han tenido que dejar las tierras que cultivaban al verse desplazados por ese cambio de uso. La construcción de estas centrales suponen, además de la gran ocupación territorial un impacto en el entorno por sus requisitos: kilómetros de nuevas líneas eléctricas, subestaciones transformadoras, etc. Ahora están en riesgo muchas fincas, que se habían salvado de la urbanización, y que hace siglos que se cultivan y producen alimentos. Además de ser auténticos santuarios por la flora y fauna de la isla, en retroceso por la creciente fragmentación del territorio por urbanización.

Por qué se ocupa tierra fértil y zonas forestales en lugar de zonas ya urbanizadas que, además, ya tienen conexión eléctrica? Pues por el precio. Ahora mismo es más sencillo ocupar y modificar suelo rústico de alto valor, donde no existe ninguna regulación, que suelo industrial o urbano. Tanto el Gobierno como el Consejo se niegan a intervenir en este grave conflicto, dejando en manos de la iniciativa privada donde deben instalarse centrales, aún teniendo subvenciones públicas extraordinarias para construirse.

El objetivo de hacer público este malestar es instar a las administraciones a garantizar una transición democrática y justa, que no sólo esté al alcance de empresas energéticas y grandes capitales. Se debería conseguir un equilibrio entre las centrales fotovoltaicas y la potencia de las instalaciones de autoconsumo —individuales, colectivas oa través de comunidades energéticas— sobre cubiertas o sólo antropizados. Así, se reduciría la presión sobre el suelo fértil. Es un propósito que el Gobierno debe de asumir poniendo los medios – económicos, legislativos y reguladores– que sean necesarios. Las entidades volvemos a proponer medidas para garantizar una transición energética alejada de la especulación energética, adaptada al territorio, democrática y justa. No podemos seguir asistiendo al empleo indiscriminado de suelos agrícolas con grandes centrales fotovoltaicas por parte de grandes grupos inversores que únicamente persiguen un interés financiero.