Solicitan ante el Tribunal Superior de Justicia la suspensión cautelar de la licitación de las obras de ampliación del metro hasta el Parc Bit

La Asociación de Constructores de Baleares ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares la suspensión cautelar de la licitación de las obras de Serveis Ferroviaris de Mallorca de ampliación de la línea de Metro desde la Universitat de les Illes Balears hasta el Parc Bit financiadas con Fondos Europeos Next Generation y declaradas de urgente necesidad por el Govern.
En concreto, se ha presentado un recurso contencioso-administrativo para impugnar el enorme desfase que existe entre el precio de los materiales del proyecto y su precio actual. Debemos recordar que la Ley de Contratos exige que los costes de las materias primas salgan a licitación a precios de mercado actuales para garantizar el equilibrio económico de los contratos.

Según el estudio de viabilidad del proyecto elaborado en la Asociación con los presupuestos de materiales reales ofertados por las suministradoras, el precio del acero en barra ha sufrido un aumento del 250% respecto al precio de licitación. El acero en malla se ha incrementado entre un 364% y un 450%. El hormigón, en sus diferentes variantes, ha sufrido una variación de entre el 188% y el 206%.

Adjuntamos a continuación un gráfico con los precios y porcentajes según el proyecto de licitación en comparación con los presupuestos actuales ofertados por las suministradoras:

Proyecto
licitación
AGO 2021
Oferta actual
suministradora Incremento
Kg Acero corrugado 0,60 1,499 250%
m2 Mallazo Ø12 4,96 18,038 364%
m2 Mallazo Ø10 3,00 13,498 450%
m3 Hormigón HA-25 74,50 140,000 188%
m3 Hormigón HA-30 86,50 160,000 185%
m3 Hormigón HA-35 87,50 180,000 206%

En conclusión: solo analizando el precio del acero y el hormigón, el desfase supera los 6 millones de euros entre el precio de licitación de estos materiales y su precio actual de mercado. El presupuesto de estos dos materiales supone, según el proyecto fechado en agosto del 2021, 5 millones de euros, pero trasladado a precios actuales ofrecidos por las suministradoras es de casi 11,4 millones. La diferencia es de un 55% a la baja. Por si fuera poco, el resto de las partidas de materiales del proyecto como catenaria y electrificación van en la misma línea y representan incrementar todavía más esta diferencia.

Asumir este contrato de licitación supone para las empresas ir a pérdidas lo que hace prácticamente inasumible su presentación al concurso. “Desde la Asociación de Constructores llevamos meses solicitando a las administraciones que revisen sus bases de precios y saquen los proyectos con precios actualizados, tal como exige la ley para evitar que los concursos queden desiertos, como ha sucedido y está sucediendo con otros proyectos”, añade Fanny Alba, presidenta de la Asociación.

En este caso, se trata de una de las mayores obras de la legislatura por un importe de casi 20 millones de euros (sin IVA) y además financiada con Fondos Europeos Next Generation. Se trata de inversiones imprescindibles para la recuperación económica y que deberán devolverse a Bruselas si no se ejecutan en tiempo y forma.
“Las empresas llevamos meses asumiendo un sobrecoste en los contratos que pone en riesgo nuestra viabilidad económica y el mantenimiento de puestos de trabajo. No entendemos que este proyecto tan importante no se halla revisado para sacar la licitación a precios actuales”, expone Alba.

“Nuestro interés en impugnar la licitación solo viene determinado para garantizar el equilibrio económico del contrato, así como evitar que pueda quedar desierta una obra tan necesaria para los ciudadanos y tener que volver a iniciar todo el proceso”, finaliza la presidenta de la Asociación de Constructores.

Debemos también destacar que la licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 6 de abril con un plazo de 10 días naturales por normativa estatal para presentar impugnaciones ante el Tribunal Administrativo Central. Hecho que coincidió con los días festivos de semana santa y, por tanto, hacía muy difícil elaborar los estudios para determinar la viabilidad del proyecto. Por este motivo se ha optado por presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.