Terraferida: El decreto de protección del territorio es un paso positivo que no frenará la urbanización del territorio Balear

La última década ha sido nefasta por el territorio en Mallorca. Hemos visto como se intensificaba la urbanización y el destrozo del suelo, la tierra fértil y los ecosistemas que sostienen la vida. En la década de los años 90 se vivieron avances significativos en la protección del territorio con la aprobación de normativa avanzada. Pero, tras la «legislatura de las autopistas» de Matas, no fue hasta mayo de 2008 que el Gobierno desclasificó algunos proyectos de urbanización con la ley 4/2008.

Desde entonces, en Mallorca, la mayoría de iniciativas legales han supuesto retrocesos ambientales y territoriales que han desembocado en más urbanización, un aumento enorme de las plazas turísticas, amnistías urbanísticas y construcción de infraestructuras de gran impacto como las autopistas. La última norma que fomenta la urbanización y rebaja la protección ambiental ha estatel Decreto ley 8/2020 aprobado hace pocos días.

Las últimas desclasificaciones de suelos urbanizables o urbanos por parte de un Gobierno fueron hace 12 años; por ello buena parte de la sociedad reclamaba, impotente, algún avance proteccionista, como el decreto que está previsto aprobar hoy. Lo que hemos podido saber del decreto (carecerá estudiar su versión final), supone un avance y, sobre todo, romper con 12 años de inacción en la protección del territorio. Esto hay que valorarlo positivamente. En ningún caso sin embargo, es la norma que esperábamos ni proponíamos, porque no frenará el crecimiento global ni la urbanización del territorio. Veamos el principales puntos:

Muchas de las de medidas de protección del decreto no serán efectivas a los municipios ya adaptados al PTI: Calvià, Alcúdia, Artà, Inca, Son Servera, Sant Joan y Costitx.

Falsos urbanos.
Gran parte de estos terrenos grafiados como urbanos tienen en realidad naturaleza y vocación rústica. Algunos de ellos tienen un alto valor ambiental y social en situarse dentro de los núcleos urbanos o sus foráneas. El decreto no se atreve a desclasificar directamente todos aquellos que no respondan a un interés social. Propone una moratoria temporal de proyectos hasta 2022 y espera que los consejos insulares decidan si quedan igual o pasan a rústico. El Gobierno vuelve a usar, por falta de coraje, la misma estrategia que con la ley del suelo (2017): pasar el balón de la protección a otras instituciones. En vista de que los ayuntamientos no desclasificar ni un m2 (tenían 1 año para hacerlo) ahora el Govern lo prueba con los consells en lugar de hacerlo directamente. el Consell Insular de Mallorca pero, ha demostrado no tener ninguna voluntad proteccionista las 3 últimas legislaturas, al contrario, ha hecho autopistas y rondas de alto impacto que han servido para colonizar más el suelo rústico https://bit.ly/36rc70U La falta de voluntad es manifiesta.

Suelo urbanizable:
Mallorca tiene más de 2000 hectáreas de suelo vacante donde seguir creciendo. El decreto ley en desclasifica una parte, y esto es positivo, pero quedarían decenas de urbanizables excluidos por diferentes supuestos que habría que desclasificar.

Suelo Rústico. Es el suelo más castigado por la urbanización las últimas décadas. De hecho, el Consejo ha tramitado cerca de 10.000 licencias para edificar chalets dentro rústico desde 1995. Sólo en 2018 se concedieron más de 600 licencias para edificar en rústico. A estas hay que sumar miles de viviendas ilegales. La rururbanización ha tenido un impacto durísimo sobre la agricultura, que no ha podido competir por el precio de la tierra ni por los recursos como el agua. Todo lo que no sea prohibir nuevas viviendas dentro del suelo rústico (que ya tiene más de 60.000) es un fracaso y condena la actividad agraria, la soberanía alimentaria y un medio diverso y saludable. Recordemos que Menorca lo hizo en el 2003, mientras que en Mallorca se mantendrá la aberración de poder edificar grandes viviendas dentro 14.000 m2.

Es positivo no dejar edificar en Áreas de Prevención de Riesgos, como prevé el decreto, de hecho es la medida más destacable. El sistema de información geográfica usado para Terraferida embargo, muestra que estas áreas, descontando el suelo rústico protegido donde se encuentran, suponen sólo un 9% de la superficie rústica de la isla (Mapa elaborado por Terraferida). Lo más grave es que muchas de estas parcelas se acabarán edificante igual si no están afectadas al 100% por APR. De hecho el decreto permitirá edificar parcelas parcialmente afectadas por APR computando estas superfícies.La nuestra entidad propone: 1. La desclasificación de todos los falsos urbanos y los urbanizables que no vayan destinados a equipamientos o vivienda protegida.

2. Que los municipios adaptados al PTI de Mallorca sean incluidos dentro del decreto a todos los efectos.

3 La protección integral de las Áreas de Interés Agrario, donde se sitúan las mejores tierras fértiles de la isla y que tienen un potencial productivo de gran valor.

4. No permitir viviendas en suelo rústico sin vinculación a una explotación agraria ni la construcción de piscinas.

5. Suprimir el artículo que permite edificar parcelas incluidas parcialmente dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR), que debían ser objeto de protección integral segundo dice el propio decreto.

6. Redirigir el sector de la construcción en los suelos urbanos ya consolidados y la rehabilitación de viviendas y barrios.