El GOB pide al Ayuntamiento de Alcudia que recupere el control sobre La Victoria ante la 'mala gestión' de los cazadores

El Grupo Balear de Ornitología (GOB) ha pedido al Ayuntamiento de Alcudia que recupere el control sobre la finca pública de La Victoria, ya que considera que se está haciendo "una mala gestión que lesiona los intereses colectivos".

Según el GOB, el uso del monte público de La Victoria, de titularidad municipal, está fuertemente marcado por la actividad cinegética desde que en 2006 el Ayuntamiento aprobó un procedimiento de contratación para la concesión de la caza y pastoreo en esta zona y el uso del campo de tiro e instalaciones del Cap Gros.

Para conseguir la concesión por 17 años (prorrogables tres más) sólo se podían presentar Sociedades de Cazadores constituidas en el municipio de Alcudia y que llevasen a cabo sus actividades dentro de su término municipal. Además, el Ayuntamiento, entonces presidido por Miquel Ferrer (UM), estableció que el adjudicatario tendría que aportar cada año 2.000 euros como compensación. La Sociedad de Cazadores de Alcudia ganó la adjudicación.

El GOB ha denunciado que la sociedad de cazadores "ha convertido la finca pública en un coto de caza mayor" donde "se fomenta y mantiene una población de cabra mallorquina destinada al negocio de los trofeos". El cazador que quiera abatir un macho cabrío y homologar el trofeo tendrá que pagar entre 1.900 y 5.200 euros dependiendo de las medidas de la cornamenta.

DAÑOS A LA VEGETACIÓN

El GOB ha recordado que el pastoreo de cabras es uno de los impactos ambientales más importantes de la zona y ha asegurado que las cabras ahora presentes en el monte han hecho "prácticamente imposible" la recuperación natural de áreas afectadas por incendios forestales, además de "menguar sensiblemente" las poblaciones de algunas especies de flora.

Esta entidad ha manifestado sospechas de que en los últimos años la población de cabras en La Victoria ha estado por encima del máximo recomendado. "Es seguro que la densidad presente es superior a la que puede soportar la vegetación sin sufrir daños importantes", ha expresado.

El Grupo Balear de Ornitología considera "indignante e intolerable "que "la Sociedad de Cazadores aproveche la finca pública para hacer negocio particular, generando importantes costes ambientales y compensando únicamente con 2.000 euros al municipio", ya que con la venta de un solo trofeo ya tendrían este gasto cubierto.

INSTALACIÓN DE TIRO NO AUTORIZADA

Según el comunicado del GOB, "dentro del coto se mantiene también una instalación de tiro no autorizada que genera un impacto considerable para contaminación de plomo y otros materiales". Asimismo, considera que no se ha estudiado convenientemente esta actividad para evaluar los efectos negativos sobre la fauna y la flora.

En conjunto, el grupo ecológico ha calificado la situación de "intolerable dentro de un espacio natural de titularidad pública", ya que "es gravemente dañina para los intereses de la ciudadanía". Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que recupere el control sobre la finca pública, promueva su recuperación ambiental y facilite el disfrute "ordenado y sostenible" por parte de la ciudadanía.