Actualizado el 04/11/2014 06:54 Compartir
Así, afirman que estas fumigaciones ya se han realizado en la Comunidad de Madrid y que se están efectuando en, al menos, las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Extremadura y en las provincias de Álava y Vizcaya, que tienen hasta el 17 de noviembre para realizar estas fumigaciones donde hay un alto nivel de infestación por parte de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
Las ONG denunciantes son Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, ARBA, GRAMA, El Soto, Sierra Oeste desarrollo S.O.S tenible y los investigadores del CSIC, que han firmado una carta que han remitido a la Subdirección General de Conservación del Medio Natural de la Comunidad de Madrid y al secretario de Estado de Medio Ambiente, para informar de la gravedad y dimensión del asunto, y que las fumigaciones aéreas con este producto tóxico no solo van en contra de la Directiva de Aves y de la Directiva de Hábitats, sino que también ponen en riesgo valiosos ecosistemas y la salud de las personas.
El Diflubenzurón es un producto incluido en la lista de pesticidas altamente peligrosos de FSC, y cuyo uso está prohibido en bosques certificados, sin contar con informes técnicos que demuestren la existencia de una plaga de oruga procesionaria del pino.
En concreto, aseguran que los tratamientos autorizados no han sido sometidos a evaluación ambiental por parte de las comunidades autónomas donde se van a realizar las fumigaciones aéreas, por lo que no se han evaluado los posibles impactos sobre el medio ambiente y la salud humana.
Por tanto, consideran que es "alarmante" que la administración española continúe impulsando la gestión forestal con tratamientos altamente agresivos para el medio natural que han quedado obsoletos por sus repercusiones negativas y que son contrarios a las nuevas líneas de gestión impulsadas por la legislación en materia de uso sostenible de productos fitosanitarios.
Asimismo, insisten en que hay un "total consenso" en la comunidad científica internacional de que los pesticidas son una de las principales causas de la acusada pérdida de biodiversidad evidenciada en las últimas cinco décadas en el conjunto de los ecosistemas del planeta.
En este sentido, afirman que las fumigaciones aéreas con fitosanitarios únicamente pueden autorizarse en plagas y en base a razones de emergencia y únicamente en los casos en los que no existan alternativas técnicas y económicamente viables.
Respecto a las autorizaciones emitidas por el Ministerio, denuncian que no están justificadas, que no cuentan con un informe técnico sobre el nivel de infestación y la declaración de plaga, ni con una evaluación de los riesgos medioambientales o ni tan siquiera con una evaluación ambiental estratégica, preceptiva en los espacios de la Red Natura 2000 donde se pretenda efectuar este tipo de actividad.
En concreto, de las autorizaciones concedidas, únicamente las Diputación de Vizcaya ha declarado la utilidad pública de actuar contra la plaga de la procesionarias del pino. Sin embargo, recuerdan que existen métodos de control por la vía terrestre que hacen que la aplicación aérea sea innecesaria.
"La aplicación de métodos masivos y no selectivos en bosques en los que no se ha realizado un control por vía terrestre resulta completamente incomprensible, y sólo debería justificarse en las situaciones extremas que indica la ley", exponen en su carta.
El diflubenzurón ha sido clasificado como 'Peligroso para el medio ambiente' por ser nocivo para los organismos acuáticos y porque puede provocar a largo plazo efectos negativos no sólo sobre en el medio acuático, sino también sobre organismos terrestres. Se trata de un inhibidor de la síntesis de quitina que actúa de forma no selectiva, sobre todos los organismos que sintetizan dicha molécula (especialmente invertebrados y hongos).
En la Comunidad de Madrid se ha fumigado de forma aérea y con esta sustancia un total de 1.400 hectáreas de pinares dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de 'Encinares de los Ríos Cofio y Alberche', que está incluida en la Red Natura 2000.
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