Actualizado el 07/10/2014 11:32 Compartir
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la ponencia 'Transparencia y Administraciones públicas', en la que apuntado a las "connotaciones criminales" que presentan los expedientes que han pasado por sus manos nada más abrirlos, entre ellas el hecho de que hayan sido adjudicados a través de negociados sin publicidad y desgajados en contratos menores que "ponen en juego ingentes cantidades de dinero público".
"No soy auditor, y ganas no me faltan", ha espetado Horrach en su ponencia, recalcando no obstante que su trabajo le ha permitido comprobar cómo la inexistencia de informes de justificación, la ausencia de presupuestos por parte de al menos tres empresas concursantes o la falta de un precio de mercado son las irregularidades más frecuentes que se producen en Baleares, y "no creo que haya diferencias entre esta Comunidad y otras".
Es más, ha señalado que en numerosos casos "sólo con leer el título del contrato se sabe si es irregular o se ha adjudicado un trabajo "inútil", como el expediente con el que se topó en el marco del denominado caso Scala bajo el título 'Moda en China: luces y sombras', por el que el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) abonó unos 5.000 euros.
El fiscal ha puesto de relieve en este sentido la labor del Ministerio Público, al apuntar que "más del 99 por ciento" de los casos de corrupción de las islas han sido iniciados por la Fiscalía y, por tanto, "han estado liderados por fiscales".
Ha sido en este contexto donde ha subrayado, ante las críticas vertidas desde diversos ámbitos, que si el Ministerio Público alcanza pactos con los imputados se debe a "la incapacidad material y personal" de la propia Fiscalía, de los grupos de delincuencia económica de la Policía y la Guardia Civil y de los demás operadores de la investigación criminal. "Son necesarios porque esta incapacidad no nos permite llegar a conocer toda la verdad", ha incidido.
"Y es llamativo que quienes critican esto sean los que guardan silencio ante las absoluciones masivas por parte de los tribunales", ha remarcado.
Al hilo de lo anterior, Horrach ha hecho hincapié en el trabajo que desarrollan las auditorías externas y la importancia de su rigor. De hecho, ha remarcado que se trata del primer órgano ajeno para detectar las conductas corruptas dentro de un organismo público. Es por ello que ha pedido que los informes que los auditores emiten "no acaben en cajones recónditos y escondidos" sino que las anomalías detectadas sean objeto de corrección.
"La transparencia implica que debéis exigir a la Administración que las irregularidades sean corregidas", ha instado a los auditores presentes en el Congreso. "Las exigencias de la contratación pública son conocidas desde tiempos inmemoriales, pero olvidadas cada dos minutos", ha lamentado el fiscal, quien ha apelado a su aplicación para "reducir al máximo las parcelas de comportamientos corruptos".
Y entre las normativas a las que ha hecho referencia, ha mencionado la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 22 alude a los principios que deben regir la contratación en este ámbito; y la Ley Estatal de Transparencia, que apela en su artículo 26 a una gestión transparente y a los principios del buen gobierno.
"Provoca tristeza y desazón que en 2014 haya que plasmar en la Ley algo que deberíamos tener cristalizado en los huesos", ha aseverado Horrach, quien ha remarcado la necesidad de que "de una puñetera vez el gasto responda a las necesidades de los ciudadanos y no a finalidades electoralistas". Entre estos ejemplos ha aludido al metro de Palma, "paradigmático y fruto de tal improvisación que dudo que pueda mantenerse a corto plazo", y el aeropuerto de Castellón.
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