Terraferida critica que la modificación de la Ley de Turismo no pone un techo claro de plazas turísticas en Baleares

La asociación Terraferida ha criticado este sábado que la modificación de la Ley de Turismo aprobada en Consell de Govern este viernes no limita "un techo claro" de plazas turísticas en Baleares, ya que "deja la puerta abierta" a que los Consells Insulars puedan aumentarlo a través de los PIATs y PTIs.

La asociación ha defendido que este cambio llega "tarde y mal", pues el alquiler turístico "ya generaba problemas graves hace dos años", según una nota de prensa.

Así pues, Terraferida ha considerado que el Govern "ha perdido un tiempo precioso para evitar que el problema adquiriera la dimensión actual" porque "no quiso aprobar una moratoria, que se hubiera podido incluir en el decreto ley 1/2016 aprobado en enero del año pasado".

Además, han señalado que mientras se debatían los cambios, se ha producido un "efecto llamada" reflejado en informes como el último presentado por el Colegio de Arquitectos de las Islas, que advierte de que "la edificación turística se encuentra en máximos históricos".

Por otro lado, han criticado que el Govern "sigue sin reconocer que las Islas tienen más de 600.000 plazas turísticas, lo que lo obligaría a cerrar decenas de miles de ilegales".

Otro aspecto negativo para Terraferida es que se establezcan dos bolsas diferenciadas, una para plazas turísticas en establecimientos y otra para viviendas, otro hecho que facilita el aumento del techo.

Además, han señalado, esta modificación "permite la comercialización turística en plurifamiliares, cuando, dada la ilegalidad de esta actividad, no puede suponer ningún derecho adquirido".

También han indicado que no limita el número de plazas por propietario y han recordado que hay casos en los que un único comercializador alquila 730 viviendas. "Recordamos que solo en el portal Airbnb, 20 comercializadores controlan el 17 por ciento de las 110.000 plazas ofrecidas", han añadido.

Asimismo, han criticado la disminución de la antigüedad mínima de la vivienda de diez a cinco años para poder ser alquilada, así como que se permita la licencia en casas con expediente de disciplina urbanística abierto sin sanción firme.

En relación a las viviendas en suelo rústico protegido, han afirmado que el texto da potestad a los Consells para hacer excepciones en la prohibición de nuevas altas.

Terraferida ha considerado negativo que se elimine el punto que indicaba que se debían dar de baja dos plazas por cada nueva, "única medida que permitiría un decrecimiento" a largo plazo.

Otro problema que ve la asociación es que se mezclen usos residenciales y turísticos, ya que pueden generar "graves problemas de convivencia en el futuro".

Terraferida ha resaltado, no obstante, algunos de los puntos positivos que ve en esta modificación de la Ley de Turismo, como que "clarifica y diferencia el alquiler turístico respecto del alquiler residencial, facilitando las tareas de inspección y sanción"..

También que elimina "la mayoría de excepciones a la adquisición de plazas", y que las concedidas a través precisamente de excepciones se agotarán al darse de baja.

Sin embargo, donde consideran que más ha mejorado la norma "gracias a la presión de la sociedad" es en el concepto de vivienda, además de reconocer el problema de la "saturación" y "su relación con la especulación y el problema de acceso a la vivienda".

Así pues, señalan que el texto deja claro que el derecho a la propiedad privada de la vivienda está delimitado por su función social y reconoce que la oferta ilegal reduce la oferta de alquiler residencial, "que ha hecho aumentar los precios de la vivienda -alquiler y venta-, el fraude fiscal y los problemas de convivencia".

La asociación ha considerado positivo que se establezca que la capacidad de acogida tiene que ser fijada de acuerdo a criterios territoriales y ambientales, así como que permite a los ayuntamientos "ser más restrictivos" con el techo de plazas.

Terraferida ha manifestado que todo ello hace que "la regulación que se pretende sea en gran medida una regularización de plazas existentes, un tipo de amnistía, salvo las bajas que se puedan ir restando en el futuro. Es decir, que el techo no viene dado por razones ambientales o territoriales, sino por los hechos consumados y la falta de diligencia de los poderes públicos".

Por último, ha añadido que "esta regulación favorece la especulación, por el hecho de no establecer un mínimo de antigüedad de la vivienda" y ha lamentado que sus alegaciones al anteproyecto de ley no hayan sido tenidas en cuenta.