El GOB pide a Demarcación de Costas que no otorgue las autorizaciones de instalaciones de playas de este año

El GOB ha pedido a Demarcación de Costas que no se otorguen las autorizaciones de instalaciones de playas solicitadas este año, tras detectar que "el procedimiento de autorización no cumple el reglamento de Costas", lo que "podría significar una situación de prevaricación administrativa".

Según ha señalado el GOB en una nota de prensa, después de ver publicadas en el BOIB las solicitudes efectuadas por particulares y sociedades mercantiles ante la Demarcación de Costas referentes a ocupaciones, instalaciones y actividades de servicios de temporada sobre las playas y costas de Baleares, por más de una temporada, desde el GOB se pusieron en conocimiento de la administración de Costas las presuntas irregularidades de su tramitación y posterior autorización.

Concretamente, se hizo llegar un escrito a Costas, en el que se hizo observar "cómo se incumple lo previsto en el punto primero del artículo 155 del Reglamento General de Costas, el cual prescribe que, cuando se trata de actividades de servicios, se deben respetar los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia pública, y que por ello se debería convocar un concurso con la forma prevista en el artículo 158 del mismo Reglamento general de Costas, y no otorgarse directamente al solicitante".

Para el GOB, "lo más sorprendente es que anualmente se autoricen cientos de empleos y actividades particulares contraviniendo lo dispuesto en el artículo 113.8 del actual Reglamento de costas y el artículo 111.8 del anterior reglamento donde se especifica que solo se pueden autorizar servicios de temporada en las playas en los casos que los Ayuntamientos no hayan hecho sus peticiones en plazo y forma correctos".

Esta situación de presunta actuación irregular "parece que ha sido así desde la ley de Costas de 1988", ha indicado la entidad.

Por todo ello, el GOB ha solicitado a la Demarcación de Costas que no se otorguen las autorizaciones solicitadas "al no seguirse los procedimientos previstos en el Reglamento General de Costas, ya que su otorgamiento podría significar una clara actuación de prevaricación administrativa".