Actualizado el 17/11/2026 17:55 Compartir
El Real Decreto desarrolla la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y concreta la aplicación en España de la Política Pesquera Común, . especialmente en lo relativo a la asignación de posibilidades de pesca, que debe dar prioridad a quienes desarrollan una actividad más sostenible. Para ello, establece seis criterios: la actividad histórica; las características técnicas del buque; el impacto sobre los recursos y los ecosistemas, así como la selectividad de los artes; la asignación de otras posibilidades de pesca al buque; el empleo generado y la calidad del mismo; y la contribución a la economía local.
Cada criterio tendrá un peso mínimo del 10 %, de modo que, en conjunto, representarán al menos el 60 % de cada reparto. El 40 % restante podrá atribuirse a esos mismos criterios o a otros que resulten adecuados para las características de cada pesquería. Para Oceana, este margen será determinante: si se limita a reproducir las ponderaciones actuales, la reforma tendrá un efecto reducido; si refuerza los criterios ambientales y sociales, podrá cambiar los incentivos y acelerar la transición del sector.
«El Real Decreto supone un paso importante porque crea una base normativa y permite mirar más allá de la actividad histórica. Pero gran parte del cambio real dependerá de cómo se utilice el 40% restante en cada pesquería. La Administración debe emplear ese margen para premiar a quienes ya reducen su impacto, mejoran la selectividad, generan empleo de calidad y sostienen las comunidades pesqueras, y para convertir esas prácticas en la referencia que incentive al resto de la flota a avanzar», señala Javier López, director de Campaña de Pesca Sostenible de Oceana en Europa.
Oceana pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, al desarrollar el reparto de cada pesquería, mantenga un equilibrio entre las dimensiones ambiental, social y económica y refuerce los criterios ambientales y sociales cuando el mínimo del 10% no sea suficiente para modificar los incentivos. La ponderación debería recompensar la reducción del impacto sobre los ecosistemas y de las capturas no deseadas, la pesca artesanal y de bajo impacto, el empleo de calidad, el arraigo local y el relevo generacional.
La transparencia será igualmente decisiva. Para cada pesquería, la Administración debería publicar de forma accesible la metodología aplicada, el peso otorgado a cada criterio y el resultado de las asignaciones, tras una participación adecuada de las partes interesadas. También debería evaluar periódicamente si el sistema está promoviendo los resultados ambientales, sociales y económicos perseguidos.
«La aprobación del Real Decreto es un punto de partida. Su aplicación determinará si se convierte en una herramienta eficaz para impulsar la transición hacia una pesca más sostenible, proteger los ecosistemas marinos y asegurar el futuro de la pesca y de las comunidades que dependen del mar», concluye López.
Oceana celebra el Real Decreto de reparto pesquero y pide más peso para los criterios ambientales y sociales
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