Actualizado el 22/02/2023 16:04 Compartir
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha subrayado la importancia para la sociedad de la Ley por el Derecho a la Vivienda y ha expresado su confianza en que sea aprobada antes del fin de la legislatura: "La voluntad política es total, es diáfana, por parte del Gobierno de España".
El proyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros en febrero de 2022, sigue en tramitación parlamentaria. Sánchez ha reconocido que, como los grupos del Gobierno no tienen la mayoría de escaños, "evidentemente tenemos que hablar con otros", pero ha reiterado que espera que "podamos alumbrar entre todos una ley muy importante, sobre todo para los jóvenes de nuestro país". Será, además, la primera ley estatal de la democracia, ha destacado.
El presidente ha sido preguntado por la política de vivienda por la portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, Mirella Cortès, y concretamente sobre el impulso a la vivienda social a través de los activos propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocido como "el banco malo".
Sánchez ha calificado a la Sareb de "herencia envenenada de la anterior administración", ya que ha generado 35.000 millones de euros de deuda pública "cuando se dijo que iba a costar cero euros al bolsillo de los contribuyentes".
El actual Gobierno tomó el control de la Sareb en 2021 y desde entonces está, por un lado, potenciando la venta de activos para que "nos permita pagar la mayor parte de la deuda pública posible mientras se maximiza el valor social de su cartera", y por otro, impulsando un parque público de vivienda social y de alquiler asequible.
Respecto a la vivienda social, Sánchez ha reconocido que "toda política que hagamos en su favor es poca porque si nos comparamos con el resto de Europa, vamos tarde".
Entre las medidas puestas en marcha ha resaltado las 50.000 viviendas que destinará la Sareb al Plan Estatal de Alquiler Asequible para incrementar el parque público de vivienda en alquiler en 100.00 unidades; un proyecto para el desarrollo de entre 10.000 y 15.000 viviendas para alquiler social o asequible a través de la cesión de suelos, o las ventas realizadas a comunidades autónomas y municipios condicionadas al alquiler social o equipamientos públicos.
"Hoy mismo la Sareb ha alcanzado un acuerdo con la Generalitat Valenciana para la venta de 500 viviendas que van a ser destinadas al alquiler social", ha anunciado el presidente, y "lo que queremos es extender este acuerdo a otras comunidades autónomas".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las vicepresidentas segunda, Yolanda Díaz, y tercera, Teresa Ribera, en el pleno del Senado. | Pool Moncloa/Fernando Calvo
Pedro Sánchez ha defendido, frente al senador del grupo parlamentario popular Alberto Núñez Feijóo, que el Gobierno de coalición progresista que preside es estable, como prueban los tres Presupuestos Generales del Estado consecutivos, más de doscientas leyes -algunas tan importantes como la reforma laboral o la de las pensiones-, o la aprobación, hoy mismo en el Consejo de Ministros, de 2.500 millones de euros en becas que beneficiarán a más un millón de estudiantes.
"La estabilidad no solamente se garantiza en términos políticos, aritméticos o parlamentarios, se garantiza con las políticas que estamos poniendo en marcha", ha afirmado.
Sánchez ha repasado otras actuaciones de su Ejecutivo, como la subida de 344 euros al mes del Salario Mínimo Interprofesional desde el inicio de la legislatura, los 1.000 millones de inversión en atención primaria o la renovación de los trenes de cercanías y media distancia por valor de 3.500 millones de euros "después de siete años de una inversión de cero euros".
El Gobierno, ha continuado, defiende a la mayoría social de este país y a la clase media y trabajadora, reconoce derechos a minorías y, cuando comete errores como en la ley del sí es sí, "nos empeñamos en resolver esos errores".
Pedro Sánchez ha afirmado que la voluntad política del Gobierno en relación con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que España ejercerá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año es "inequívoca". El Ejecutivo quiere que esa presidencia sea un "éxito de país" y eso significa no solo la representación territorial de las comunidades autónomas, sino su participación en las prioridades y el desarrollo de la presidencia, ha mantenido.
"Este es un proyecto de país y lo que representa es que todas y cada una de las comunidades autónomas se sientan representadas, se hagan visibles en lo que es el compromiso del conjunto de España y de los ciudadanos de nuestro país en relación con la construcción europea", ha dicho.
El presidente se ha mostrado convencido de que todas las contribuciones e iniciativas de las comunidades a lo largo de la presidencia "van a ser fundamentales". De hecho, ha indicado que las autonomías ya han hecho más de cien propuestas, que se están estudiando para incorporarlas a las reuniones informales ministeriales.
El jefe del Ejecutivo respondía así a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Senado, Estefanía Beltrán, quien se interesó por este asunto. Sánchez ha defendido el compromiso del Gobierno con la cogobernanza y con el estado autonómico y, en este sentido, ha recordado que tanto la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, han compartido estrategias y prioridades respecto a la presidencia conjuntamente con las comunidades autónomas.
El presidente ha repasado la participación de los distintos Gobiernos autonómicos en reuniones preparatorias de la presidencia española, como la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE (CARUE), que se reunió el 29 de julio del año pasado en el País Vasco. Además, ha indicado que Bilbao albergará la Reunión Interministerial de Competitividad, a petición del Gobierno vasco.
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