La presidenta del Govern y la ministra Rodríguez firman el acuerdo para transferir las competencias de costas

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han firmado este viernes el acuerdo que permitirá transferir las competencias de costas a la Comunidad Autónoma y que será efectivo a partir del 1 de julio de 2023.

Al acto de firma, que se ha celebrado después de una reunión de la Comisión Mixta para la Transferencia de Costas, han asistido también la consellera de Presidencia, Función Pública e igualdad, Mercedes Garrido; el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir; el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.

Se trata del traspaso competencial más importante desde la llegada a la gestión autonómica de la educación y la sanidad y, después de la reunión en el Consolat de Mar, Francina Armengol ha explicado que «hoy hacemos posible una reivindicación histórica» y se resuelve «una anomalía, que era que un territorio insular no tuviera las competencias sobre su litoral y su costa» y que, por lo tanto «era una competencia fundamental desde el punto de vista político y de gestión».

La presidenta del Govern ha recordado que «se está negociando con los consells insulares la transferencia de litoral en rústico» y que el objetivo es «aprovechar estos meses para acompasar los dos traspasos» y que se puedan hacer de manera simultánea.

Francina Armengol también ha celebrado que este acuerdo llegue «cuando vamos a cumplir 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía y nada culmina mejor el autogobierno de esas islas que la transferencia de competencias». En ese sentido, la presidenta ha recordado que estos acuerdos «se dan cuando hay un gobierno en España sensible a la cuestión» y ha agradecido el compromiso a la ministra y el gobierno que «porque nunca habíamos conseguido en tan poco tiempo tantas cosas para la ciudadanía de estas islas».

Por su parte, Miquel Mir ha asegurado que el traspaso competencial «permitirá gestionar y decidir sobre una franja territorial estratégica de cara al presente y el futuro de las Islas Baleares, a la vez que nos permitirá establecer una mejor y mayor coordinación entre las políticas ambientales y territoriales de la Comunidad Autónoma». El conseller ha definido estas competencias como estratégicas también en el sentido de que dan herramientas «a la hora de luchar contra el cambio climático e incrementar la resiliencia de nuestra franja costera, que es frágil y vulnerable».

Así, a partir del verano que viene será la Comunidad Autónoma la responsable de gestionar, otorgar y vigilar las autorizaciones de usos de temporada del dominio público maritimoterrestre, las zonas de servidumbre de tráfico (es decir, los primeros seis metros desde la ribera de mar) o las concesiones demaniales que incorpora la Ley de costas, que son las requeridas para situaciones como explotaciones de acuicultura o concesiones que implican usos privativos y que requieren ser por un tiempo superior a cuatro años.

De este modo, el Govern tendrá como funciones las autorizaciones relacionadas con las tumbonas, las sombrillas, las cantinas, las zonas de fondeo, la celebración de conciertos o cursos en dominio público maritimoterrestre o la instalación de otros bienes muebles desmontables.

También se encargará de tramitar, imponer y recaudar sanciones por incumplimiento de la servidumbre de paso, de las autorizaciones de uso del dominio público maritimoterrestre o de incumplimientos de las condiciones de las concesiones. Por otro lado, la recaudación derivada de los impuestos y cánones de las concesiones continuará correspondiendo al Estado.

La planificación, la elaboración de proyectos y la ejecución de obras que no son de interés general también serán competencia de la Comunidad Autónoma, y en las actuaciones que sí que sean consideradas de interés general, como la regeneración de playas, el Govern participará haciendo una propuesta o presentando un informe.

Desde el punto de vista presupuestario, el traspaso implica hacer llegar a las Islas Baleares 1.306.704,88 € para la gestión de esta competencia. También se subrogan 18 trabajadores y trabajadoras, seis vehículos y la sede de la Demarcación de Costas, situada en Palma.

El acuerdo se suma a otros hitos logrados los últimos años a través de la negociación entre el Estado y el Govern, como la aprobación de la parte fiscal del régimen especial de las Islas Baleares, la introducción del factor de insularidad en los presupuestos generales del Estado, la gratuidad del transporte público o la llegada de fondos europeos para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19.