El Gobierno aprueba el proyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. El texto establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas contra cualquier forma de discriminación.

Entre las novedades más relevantes, la norma reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género; prohíbe cualquier método destinado a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género; garantiza que todas las mujeres e igualmente las personas trans con capacidad de gestar podrán acceder a las prestaciones relativas a técnicas de reproducción asistida, y prevé la inclusión del conocimiento y el respeto a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas.

También en el ámbito del Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI, y ha actualizado las cuantías y los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Consejo de Ministros ha remitido también al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, que adapta el marco legal financiero a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. La meta es buscar potenciar la capacidad de estos mercados de financiar la economía, en especial las pymes, y aumentar la protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores.

El texto contempla la simplificación de los procedimientos y la eliminación de cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones. Además, garantiza que los servicios de inversión contribuyan a la capitalización de las empresas españolas y mejora la regulación de los criptoactivos.

Además, como había anunciado el presidente del Gobierno, el Ejecutivo ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Valenciana y de Murcia, que han sufrido en junio graves incendios forestales.

El Consejo de Ministros también ha autorizado seis nuevas operaciones del Fondo de Solvencia a Empresas Estratégicas, por un total de 721 millones de euros, ha destinado 96 millones a subvenciones directas a ONG para programas de atención a migrantes y ha ampliado la ayuda para la acogida de refugiados de Ucrania.