Se reclamará al Gobierno de España un complemento de fidelización para los trabajadores de la Administración General del Estado

El Govern ha firmado con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, UPF, SUP y CEP un acuerdo para reclamar de manera conjunta al Gobierno de España mejoras para los 10.592 trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado en el ámbito de las Illes Balears.

Después de una reunión mantenida con la presidenta del Govern, Francina Armengol, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la directora general de Función Pública, Carmen Palomino, se ha formalizado un documento conjunto en el cual se pide en el Estado un complemento de fidelización para los puestos de difícil cobertura, con una partida presupuestaria necesaria para la creación de este complemento y que se establezca una cuantía fija mensual para todo el personal de la Administración General del Estado, instituciones penitenciarias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, organismos autónomos y empresas públicas con independencia del grupo o subgrupo de clasificación.

También se pretende que se incrementen estas cuantías de manera progresiva en función del número de años de permanencia en el puesto de trabajo y que estas sean diferentes por islas según la especial dificultad de cobertura de plazas.

El objetivo es rejuvenecer y redimensionar las actuales plantillas de la Administración General del Estado, paliando los efectos que la insularidad comporta a la hora de cubrir puestos de trabajo y logrando unas plantillas adecuadas y con mejores retribuciones, lo cual repercutirá en unos mejores servicios públicos.

En este sentido, la consellera Garrido ha recordado que las Balears aumentan la población cada año y que necesitamos “tener una plantilla dimensionada” a esta realidad. “Si la pandemia nos ha enseñado una cosa es que los servicios públicos tienen que estar por delante en las políticas públicas”, ha dicho la consellera de Presidencia, destacando que el objetivo final de este acuerdo es mejorar las condiciones “tanto laborales como retributivas de los servidores públicos” para “tener unos buenos servicios que lleguen a toda la ciudadanía de las Illes Balears”.

Actualmente, hay 4.096 plazas en la Administración General del Estado, 4.874 en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 1.622 en justicia.

Durante el encuentro, se ha constatado que las ofertas de ocupación pública de los últimos años no han sido suficientes para paliar los problemas identificados en las Illes Balears, por las dificultades en el ámbito de la vivienda; porque un 62% de las plantillas actuales de empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado tiene más de cincuenta años, de los cuales un porcentaje importante puede solicitar la jubilación anticipada, y por el hecho que los procesos selectivos centralizados disminuyen el número de aspirantes de las islas, lo cual provoca que las funcionarias y los funcionarios que toman posesión de las plazas en las Illes Balears lo hagan de manera provisional y que se vayan en el primer proceso de movilidad.

Ante esta realidad, el Govern y los sindicatos han considerado fundamentales algunas medidas más como la convocatoria de procesos selectivos descentralizados, tanto en la celebración como en la elección de destino, con el fin de que los aspirantes que se presentan tengan prioridad para la elección de plazas en la isla en la cual se hayan presentado al proceso selectivo.

Finalmente, también se propone que se tenga en cuenta que todos los puestos de trabajo al servicio de la Administración General del Estado en el ámbito de las Illes Balears son puestos de difícil cobertura.

Se plantea así una solución dialogada entre los sindicatos y el ejecutivo autonómico para proponer las mejores salidas para los problemas que sufre el personal de la Administración General del Estado que trabaja en las Illes Balears.

El Govern pretende que estas propuestas sean incluidas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado por el Gobierno de España.