Actualizado el 31/03/2022 15:03 Compartir
Oceana lamenta que España haya dejado pasar la oportunidad de aplicar medidas contundentes para eliminar monodosis y anillas, o reducir las toallitas húmedas, productos de plástico desechables que provocan graves daños en el ecosistema marino y sus especies. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular se ha tramitado en el Senado y en el Congreso de los Diputados sin avances significativos para paliar la contaminación por plásticos en el océano.
“Los políticos han tenido en sus manos acabar con numerosos plásticos de un solo uso que disponen de alternativas reutilizables, pero al final han aprobado una ley descafeinada. Nos resulta preocupante que las Cortes hagan oídos sordos a las recomendaciones de los científicos y no lleguen a acuerdos para fijar plazos y terminar con productos innecesarios y contaminantes. Esperamos que en próximos procesos legislativos, como el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, se avance en la dirección adecuada para dejar de plastificar el fondo del mar” explica Natividad Sánchez, directora de la campaña de plásticos de Oceana en Europa.
Sin embargo, la organización internacional aplaude aspectos positivos de la ley que ha reclamado a lo largo del proceso. Sabiendo que las botellas de plástico están entre los objetos que con mayor frecuencia se encuentran en el fondo del mar,[1] Oceana valora como un paso adelante que el texto incluya la posibilidad de implantar sistemas de depósito y retorno para botellas de plástico, ya que calcula que un aumento del 10% en rellenables en el mercado reduciría en un 22,2% la llegada de botellas de plástico al mar.[2]
Otro de los avances es la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor en playas, es decir, los productores de plástico tendrán que responsabilizarse de los costes asociados a la limpieza de los residuos que generan. Según estudios recientes[3], el coste de limpiar envases y recipientes para bebidas en playas españolas podría ascender a 141 millones de €/año, que hasta ahora era un gasto asumido por las entidades locales, y por tanto por los ciudadanos. Por último, la ley también abre la posibilidad de prohibir las sueltas masivas de globos por parte de los ayuntamientos, aunque Oceana lamenta que no se haya aprovechado la ocasión para acabar con esta práctica tan peligrosa para la fauna.
Algunos estudios calculan que cada año 11 millones de toneladas de plásticos llegan al océano, y si no se toman medidas al respecto, con su uso excesivo se estima que casi se triplique y alcance los 29 millones en 2040.[4] Para evitarlo, es esencial contar con voluntad política y marcos legislativos consistentes que sean capaces de abordar una verdadera transición ecológica en los mares en España, y así transformar la cultura de usar y tirar en una economía circular efectiva.
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