El Gobierno presenta la reforma de la Ley de Empleo y la creación de la Agencia Española del Empleo

El Ejecutivo ha planteado nuevas medidas organizativas y herramientas para mejorar la política de empleo, las acciones de formación y orientación y el acceso a las ofertas laborales en todo el territorio. El Gobierno también ha presentado la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026 aprobada ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Empleo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 y el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha enmarcado la reforma legislativa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en el componente 23 "Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo", y ha señalado que responde a las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y la Comisión Europea, entre otros organismos. El anteproyecto inicia a partir de hoy su tramitación ordinaria hasta su aprobación como proyecto de ley y la posterior remisión a las Cortes.

Los objetivos de la norma son establecer un marco de ordenación de las políticas públicas de empleo, promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y ofrecer nuevas herramientas a las personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas, y a las empresas, para mejorar la calidad del empleo, la orientación y el acompañamiento.

Transformación del SEPE en la Agencia Española del Empleo

La vicepresidenta ha destacado la transformación del actual organismo autónomo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una agencia estatal denominada Agencia Española del Empleo, que modernizará su estructura y digitalizará todos sus sistemas operativos para ganar en rapidez, agilidad y flexibilidad.

El nuevo organismo público concentrará el diseño de las políticas de empleo y lo hará sometiéndose a la evaluación permanente mediante una auditoría anual que permita medir el éxito o fracaso de las medidas desplegadas y, en este caso, corregirlas.

La característica principal de la Agencia, ha señalado Díaz, es que "deja de estar pensada para los desempleados y está pensada para la sociedad española en su conjunto, trabajadores, personas y empresas".

La incorporación de las empresas al sistema, ha continuado, es un ejemplo de colaboración público-privada que permitirá definir mejor las políticas de empleabilidad: "Es casi imposible acertar en las orientaciones o el trámite final, que es contratar a alguien, si no tenemos las realidades o necesidades concretas de las empresas en cada momento, que están concentradas en lugares muy diferentes del país y que tienen modelos productivos también muy diferentes".

Asimismo, la Agencia ofrecerá también asesoramiento a todas aquellas personas que tengan un proyecto empresarial y, si tiene viabilidad, lo acompañará con recursos públicos.

Atención personalizada

La futura agencia estatal, los servicios de las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo deberán ofrecer una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo, para, según Díaz, tener "un mínimo común en el conjunto del país".

Se ofrecerá una atención y tutorización individualizada y cada persona dispondrá de un expediente laboral único digitalizado, a modo de tarjeta sanitaria, que contendrá información sobre su cualificación, trayectoria y experiencia profesionales, para mejorar la intermediación laboral y ofrecer asesoramiento y acciones formativas personalizadas.

Por otra parte, se amplían los colectivos de atención prioritaria: jóvenes, personas con capacidad intelectual límite y con trastorno del espectro autista, las personas sexual o afectivamente diversas, las personas de edad madura y migrantes, beneficiarias o solicitantes de cualquier fórmula de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas y personas que estén en procesos de reestructuración, como un ERE o un despido colectivo, o estén afectados por procesos de transformación productiva, como los de las cuencas mineras.

Principios fundamentales

La vicepresidenta ha resumido los principios inspiradores de la nueva norma: la no discriminación, la transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y la eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo.

Respecto al primero, ha afirmado que se utilizará la inteligencia artificial, como se está haciendo ya con éxito en la Inspección de Trabajo, para detectar y corregir discriminaciones en el acceso y consolidación del empleo por motivo de raza, sexo, religión o convicciones, edad, diversidades funcionales, opinión política, procedencia nacional u orientación sexual.

Para mejorar la transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo se creará la Oficina de Análisis del Empleo, que centralizará todos los datos sobre el mercado de trabajo. Tanto las Administraciones como las agencias privadas de colocación estarán obligadas a comunicarlos, con el objetivo, ha dicho Díaz, de poder "conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando, en tiempo real, en el conjunto del país" y "realizar acciones conjuntas" en las distintas comunidades autónomas, adaptadas a sus realidades específicas.

La eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo se reforzará con un cambio en el modelo de gobernanza. Así, en las políticas activas de empleo, tendrán un papel activo las entidades locales para, junto con las comunidades autónomas, ganar en inmediatez y proximidad y lograr un nivel óptimo de implantación en todo el territorio.

Estrategia 2021-2024 y Plan Anual

La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que ha sido objeto de diálogo social y respaldada por unanimidad de todas las comunidades autónomas, como ha subrayado la vicepresidenta, conforma el marco estatal de referencia de los servicios públicos de empleo para diseñar y gestionar sus políticas.

Por su parte, el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) incluye cerca de 2.111 millones de euros para su distribución entre las comunidades autónomas, fondos que son independientes de los que financia el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.