La fiscal mantiene la acusación a los dos abogados juzgados por presuntamente grabar a la Infanta

La fiscal Concha Ariño ha mantenido en sus conclusiones la acusación contra los dos abogados juzgados por presuntamente grabar la declaración de la Infanta Cristina en la instrucción del caso Nóos y no ha modificado la pena solicitada, de un año de prisión para cada uno por un delito de desobediencia grave.

Por su parte, las defensas han pedido la libre absolución de sus representados, los abogados Francisco Carvajal y María del Carmen Jiménez. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La fiscal entiende que en el juicio oral han quedado acreditados los hechos. Cree que los acusados incumplieron la orden del juez José Castro de no acceder con dispositivos de grabación; además, incide en que la prohibición de grabar se deduce de esa providencia.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados introdujeron una cámara espía que burló los detectores de metales, mientras que cree "inocuo" que los funcionarios no estuvieran obligados a pasar el mismo control que los abogados y procuradores. La investigación no ha podido determinar con qué dispositivo se grabó el vídeo.

Asimismo, Ariño da especial importancia a las fotografías de la sala el lunes posterior a la declaración de la Infanta Cristina, que tuvo lugar el sábado. La acusación pública ha destacado que no es una reconstrucción, sino un reportaje fotográfico.

Finalmente, en base a los testimonios de los asistentes y los informes periciales la fiscal ha alegado que ha "quedado clara" la ubicación de los acusados así como las posiciones desde las que se grabó el vídeo.

En cuanto al hecho de que el abogado Francisco Carvajal estuviera en un avión en el momento en el que se publicó el vídeo en Wouzee, la fiscal ha apuntado que hubo tiempo suficiente para que entregara el vídeo a otra persona y que ésta fuera la encargada de confeccionarlo y subirlo a Internet.

LA DEFENSA APUNTA A LOS FUNCIONARIOS

La defensa del letrado Francisco Carvajal ha mostrado su "sorpresa" por el alegato del Ministerio Fiscal y ha censurado que "la presunción de inocencia brilla por su ausencia".

Cree que se ha "montado un procedimiento en base a conjeturas y elucubraciones" y ha apuntado que los funcionarios no pasaban el mismo control que los abogado. Por ello, ha considerado que "se les descarta por el mero hecho de ser funcionarios" y se ha preguntado "qué es lo que se trata de proteger".

Así, el abogado defensor ha acusado a un funcionario de "intentar autoexculparse" y ha dicho que las investigaciones se han hecho "a 'ojímetro'".

También ha calificado de "desorbitadas" las medidas de la instrucción, como que se procediera a la detención de su representado.

LA DEFENSA DE JIMÉNEZ ESPERABA QUE SE RETIRASE LA ACUSACIÓN

Por su parte, la defensa de la acusada María del Carmen Jiménez, ha admitido que esperaba que la fiscal retirara la acusación contra su representada.

La defensa de la acusada ha alegado que no se cumplen los requisitos para el delito de desobediencia, ni para atribuir la autoría del mismo a su defendida. Ha recordado que un informe policial aceptado por la Fiscalía descartaba la participación de Jiménez.

Además, ha censurado que el procedimiento se haya hecho "a la inversa", y que los acusados han tenido que "demostrar su inocencia" en lugar de que la acusación acredite su culpabilidad.

Finalmente, el defensor ha declarado que la grabación se hizo por "alguien de dentro del Juzgado" ya que "los funcionarios sabían desde días antes que no iban a pasar el control". Ha criticado que no se haya investigado la posible participación de los funcionarios, a quien se quiere "proteger", según su versión.

"Ha sido la mayor humillación y ridículo que ha hecho un Juzgado", ha aseverado.

El abogado ha dicho que una de las funcionarias, que se ausentó durante una hora de la declaración para desayunar, pudo entregar el vídeo a un policía.