Actualizado el 13/03/2017 15:02 Compartir
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014, y a una multa de 36.500 euros.
El tribunal condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros; y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses y a una multa de 24.000 euros, ambas también por desobediencia, pero en su caso como colaboradorasnecesarias; y los tres quedan absueltos de prevaricación administrativa.
El presidente del TSJC y ponente de la sentencia, Jesús María Barrientos, ha procedido a la lectura del fallo en presencia de los abogados de los tres en la sala civil y penal este lunes a las 13 horas.
EL TSJC CONCLUYE QUE DESOBEDECIERON "CONSCIENTE Y DELIBERADAMENTE"
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha concluido que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese al mandato de suspenderla.
"Concertados entre sí para ello, decidieron mantener el proceso participativo anunciado", sostiene la sentencia --recogida por Europa Press--, que condena por desobediencia a Mas a dos años de inhabilitación, a Ortega a un año y nueve meses y a Rigau a un año y seis meses.
El tribunal ha contradicho el argumento de las defensas de que el proceso participativo estaba en manos de los voluntarios: "Esos voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern de la Generalitat".
Fiscalía solicitaba para Mas diez años de inhabilitación como autor de los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Ortega y para Rigau como cooperadoras necesarias, y el juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled consideró que en el juicio había dejado claro que los acusados desobedecieron de forma "patente, clara y caprichosa" la suspensión del TC y que no sólo siguieron con los preparativos --como los tres defendieron en el juicio-- sino que los intensificaron de forma determinante tras el veto.
Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo (TS)el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia,Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.
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