La condena de 3 años y 8 meses a Matas es la tercera que se le impone y tiene una veintena de causas pendientes

La condena de 3 años y 8 meses de prisión y 7 años de inhabilitación especial dictada este viernes por la Audiencia Provincial de Baleares para el expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas por el caso Nóos es la tercera que se le impone pero sólo supone una pequeña parte de sus problemas con la justicia, ya que tiene pendiente la resolución de una veintena de causas por corrupción derivadas en su mayor parte del denominado "caso Palma Arena".

La sentencia hecha pública este viernes indica que Matas ha sido declarado autor responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos. Por esto, ha sido condenado a 3 años de prisión, multa de 7 meses y 17 días a razón de una cuota diaria de diez euros y 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

Además, el exministro es condenado a un delito de fraude a la administración, por el que se le condena a 8 meses de prisión y a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

La Audiencia falla que la contratación de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica por parte de la administración balear para la realización de los eventos denominados 'Illes Balears Fórum 2005 y 2006', se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral de Matas, "debido a la influencia ejercida por Urdangarin, concertado con su entonces socio, Diego Torres".

Según recoge la sentencia, Urdangarin se sirvió de la "íntima relación de amistad" que tenía con el entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, "y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas".

Así, las decisiones adoptadas por Matas fueron trasladadas por Ballester, al gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, y, éste a su vez, al asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, y al gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, quienes, "trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron".

YA HA ESTADO EN PRISIÓN

Matas ya ha cumplido prisión por dos condenas anteriores, la de nueve meses de cárcel -tras rebajar el Tribunal Supremo la de 6 años que se le impuso inicialmente- por intervenir en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos y una primera, de 9.000 euros de multa, por un cohecho de 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.

Recientemente se ha conocido una nueva petición de prisión para Matas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le pide cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación dentro de la subpieza separada número 3 del caso Over, una pieza perteneciente al caso Palma Arena.

Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda -conocida como 'palacete' que poseía en la céntrica calle palmesana de Sant Feliu, por la que el exdirigente popular pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.

A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al enriquecimiento presuntamente ilícito y el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era presidente, y que según las pesquisas no se correspondían con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, todo ello no impidió que en julio de 2009 la Fiscalía acabara archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

PALMA ARENA

Dos meses después, sin embargo, después el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo Palma Arena.

A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas fueron interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas.

La investigación del juez Castro se fue complicando hasta acumular casi una treintena de piezas separadas que tratan de aclarar el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Matas (2003-2007).

Las pesquisas relacionan el sobrecoste del Palma Arena -que acabó costando 110 millones de euros, el doble de la cantidad inicialmente presupuestada- con los elevados gastos en que incurrió Matas y su mujer.

También dentro del caso Palma Arena, el exministro está siendo investigado en la pieza relacionada con los tratos de favor del Govern a Over Marketing -considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares- y la relativa a la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava, por 1,2 millones de euros, para la realización del anteproyecto de un Palacio de la Ópera en Palma que nunca llegó a ser construido.

Entre otras de las irregularidades en que habría incurrido el expresidente se encuentra la contratación irregular de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes sustituyeron al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y que acabaron percibiendo unos nueve millones de euros en concepto de honorarios, según las investigaciones.