Castro interroga este lunes a los arquitectos que dirigieron la construcción del Palma Arena

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará este lunes, a partir de las 10.00 horas, a los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, contratados 'a dedo' para dirigir las obras de construcción del velódromo Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste acabó ascendiendo a más de cien.

En concreto, su comparecencia tendrá lugar en el marco de la pieza 20 del caso Palma Arena, centrada en las facturas que la empresa Ludópolis emitió contra el despacho GR1, propiedad de los García-Ruiz. De hecho, también ha sido citado a declarar el mismo día a las 9.30 horas, también en calidad de investigado, el dueño de la anterior mercantil, Jacinto Javier Llobera.

Se trata de uno de los pocos flecos que permanecen abiertos en el marco de esta causa, de la que llegaron a derivarse hasta 28 piezas separadas.

Los García-Ruiz ya aceptaron en su día una condena de seis meses de cárcel tras declararse culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.

El acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado fue materializado en el marco de la pieza número 26 de la causa, que investigaba si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.

Castro abrió además el pasado mes de octubre juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por las piezas 8 y 9, centradas en la contratación de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción, primero Ralph Schürman y posteriormente los García-Ruiz.

El magistrado llega a calificar en uno de sus autos la contratación de los García-Ruiz de "aberración jurídica" e incide en que ésta "carece de todo soporte administrativo".

En concreto, el importe del contrato fue, por todos los conceptos, de 8,5 millones de euros, si bien, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, lo que encubría este contrato era la orden dada por Matas de que la construcción del velódromo fuese directamente adjudicada a la empresa GR1.