La defensa de la Infanta pide su absolución y que 'se restablezca la justicia para Cristina de Borbón'

El abogado defensor de la Infanta Cristina Pau Molins ha solicitado su libre absolución en el caso Nóos y "se restablezca la justicia para Cristina de Borbón" frente a la actuación del sindicato Manos Limpias que, considera, ha ejercido "un abuso de derecho" contra ella y ha obrado "con gravísima temeridad".

El letrado ha mostrado así su "rotundo desacuerdo" con las conclusiones de la acusación popular, que reclama ocho años de cárcel para la exduquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

La defensa ha criticado así el mantenimiento "obsesivo" de la acusación hacia la Infanta, aunque "de modo evidente la prueba del juicio oral haya desacreditado por completo la versión de este sindicato".

Molins reclama asimismo que, de acuerdo al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se le imponga a Manos Limpias una sanción económica "prevista para los casos de abuso de derecho y que ya le ha sido impuesta en otros procedimientos".

En su escrito de conclusiones, la defensa de la exduquesa de Palma deja constancia del pago de los 587.413 euros que abonó a finales de 2014 para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos.

Se trata de la responsabilidad civil que la Fiscalía reclamaba para la hermana del Rey Felipe VI al considerar que Cristina de Borbón se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.

El Ministerio Público se basa para ello en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

De hecho, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 327.000 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

La defensa de la Infanta efectuó el ingreso 'ad cautelam' -de forma cautelar- en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Sin embargo, el hecho de que haya abonado el dinero no le exime de los dos delitos fiscales que pesan sobre ella y por los que el sindicato Manos Limpias reclama ocho años de cárcel para la acusada. La exduquesa se sienta en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de ambos delitos.

APROVECHAMIENTO ILÍCITO POR PARTE DE LA DUQUESA

Para Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la inculpada, el papel de ésta fue imprescindible -de ahí que la considere cooperadora necesaria- para que su esposo pudiera defraudar a la Agencia Tributaria fracturando a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, el sindicato considera que la hermana del Rey incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos -hasta 6,2 millones de euros- desde las Administraciones públicas.