El juez Castro reclama los informes que decantaron el concurso de Son Espases a favor de una filial de ACS

El juez instructor del caso que investiga el presunto amaño en la adjudicación del hospital Son Espases, José Castro, ha solicitado al Govern que le remita el informe que inicialmente decantó el concurso para la ejecución de las obras a favor de OHL, así como los dictámentes que, finalmente, dieron un vuelco al proceso y dieron la adjudicación a Dragados -una de las filiales propiedad de Florentino Pérez- tras un procedimiento supuestamente plagado de irregularidades.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha atendido de este modo al escrito recientemente presentado por el exministro y presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, imputado en esta causa, quien requiere, en concreto, que le sean notificados los informes emitidos en su día por el Colegio de Economistas de Baleares y el de Ingenieros de Caminos, que variaron las puntuaciones inicialmente otorgadas por la empresa privada Global PM, cuyo dictamen también reclama el empresario.

Según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Jaume Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados, vinculada a la constructora ACS, tras ser OHL desbancada como favorita.

En la querella que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach interpuso por estos hechos en julio del pasado año, admitida por Castro días después, el representante del Ministerio Público asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.

"PROBLEMA POLÍTICO" SI LAS OBRAS NO SE ADJUDICABAN A DRAGADOS

Sin embargo, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que, después de que trascendiera públicamente que OHL sería la beneficiaria, Matas llegó a decirle que habría un "problema político" si la concesión no recaía en manos de Dragados. Tal y como incidió, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, el expresidente le advirtió de los inconvenientes que se producirían si una obra de tal "envergadura" no se adjudicaba a la filial de ACS.

El magistrado investiga asimismo, en el marco de esta misma causa, la conexión de este presunto amaño con los trabajos de reforma llevados a cabo en la sede central del PP nacional, ubicada en la calle Génova de Madrid. El juez busca esclarecer si estas obras fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases.

PIEZA SECRETA

Recientemente, Castro recibió de la Audiencia Nacional testimonio de la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno deVillar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez. El magistrado abrió con ello, la semana pasada, una pieza separada que ha declarado secreta.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica' y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo, han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido madrileño.

El instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

A finales del pasado año, el juez incorporó también al caso el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica, al considerar que la formación 'popular' se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar, entre otros, gastos generados en campañas electorales, retribuciones y complementos de sueldo.

Es más, la resolución apuntaba a que el dinero opaco se empleó en el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

FACTURAS POR VALOR DE 237.000 EUROS

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.