Diputaciones, consells insulars y cabildos dan empleo a 62.159 personas

Las 38 diputaciones provinciales del régimen común, las tres forales en el País Vasco, los consells insulars de Baleares y los siete cabildos de Canarias daban empleo a 62.159 personas en julio de 2015, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La estadística no precisa cuántas personas están empleadas únicamente en las diputaciones del régimen general, las que PSOE y Ciudadanos coinciden en suprimir en cuestión de meses de cerrarse finalmente el acuerdo de Gobierno hacia el que este martes han dado un primer paso.

Sin embargo, el grueso del empleo en este nivel de la administración se concentraría en esas diputaciones provinciales, en las que alrededor del 26,5% del gasto se destina a personal, según cifras de Hacienda.

Por su parte, fuentes de Ciudadanos señalaron a Europa Press que tampoco la formación conoce con exactitud el número de personas a la que afectaría esta medida. No obstante, la propuesta de Ciudadanos pasa por que las funciones que realizan las diputaciones provinciales sean realizadas por mancomunidades de servicios, que podrían emplear a este personal.

Lo que concretan, al menos, las estadísticas oficiales es que a mediados del pasado año, el personal de las diputaciones, cabildos y consejos insulares era un 4,78% superior al del cierre de 2014 y suponía casi el 11% de las administración local. De esta plantilla, 27.535 personas eran funcionarios y los otros 34.624, personal contratado.

LAS FUNCIONES DE LAS DIPUTACIONES

Las comunidades uniprovinciales de Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja no cuentan con diputación provincial y sus competencias han sido absorbidas en el nivel autonómico.

En las existentes, el presupuesto de 2015 alcanzó los 5.971 millones de euros, de los que la mayor parte llegó a través de una transferencia del Gobierno vía Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Con este montante, las diputaciones prestan servicios sociales en sus territorios y cooperan con los ayuntamientos más pequeños. En este papel, asumen el mantenimiento de infraestructuras en el caso de municipios de más pequeños, como el mantenimiento de carreteras o la construcción de obras que, por su cuantían no pueda acometer los ayuntamientos.